El Ejecutivo anunció acciones inmediatas para recuperar los Pozos petroleros Xan, ocupados por familias tras la salida de Perenco. El gobierno advierte que no permitirá invasiones en esta zona estratégica de Petén.
El gobierno de Guatemala anunció que trabaja en un plan de acción para desalojar a las familias que invadieron parte de los terrenos donde se encuentran los Pozos petroleros Xan, en el departamento de Petén. Estos terrenos, que hasta agosto pasado eran explotados por la empresa francesa Perenco, pasaron al control del Estado y forman parte de una infraestructura energética estratégica para el país.
La ocupación, ocurrida a pocos días de la salida definitiva de Perenco, encendió las alarmas en el Ejecutivo. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), al menos 59 pozos del campo Xan quedaron sin actividad, lo que generó un vacío que fue aprovechado por grupos de familias que instalaron champas improvisadas. La situación provocó que el gobierno instruyera al Ministerio de Gobernación y al Ejército a tomar medidas inmediatas para recuperar la zona.
Un área de interés nacional
El campo Xan, ubicado en La Libertad, Petén, no es un terreno cualquiera. Durante más de dos décadas fue el centro de operaciones petroleras más importantes del país. Su producción representaba cerca del 90% del crudo nacional, utilizado principalmente para abastecer la refinería La Libertad y generar derivados energéticos. Tras la salida de Perenco, los Pozos petroleros Xan quedaron bajo custodia estatal en espera de un proceso de cierre técnico y eventual licitación internacional.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, señaló que se trata de una infraestructura estratégica que no puede quedar en manos de invasores. “Tenemos la instrucción del presidente Bernardo Arévalo de actuar con firmeza y garantizar que el Estado conserve el control. No se permitirá ninguna ocupación ilegal de los Pozos petroleros Xan porque son patrimonio de todos los guatemaltecos”, subrayó.
Preocupaciones ambientales
Más allá del aspecto económico, la zona donde se ubican los pozos tiene un enorme valor ambiental. Se encuentra próxima a la Reserva de la Biosfera Maya, considerada una de las áreas naturales más importantes de Centroamérica. Organizaciones ambientalistas advirtieron que la presencia de familias dentro de los Pozos petroleros Xan puede causar daños irreversibles al ecosistema. “El riesgo es grande, porque cualquier mal manejo de residuos o uso de la tierra puede afectar la biodiversidad y los procesos de restauración ambiental”, explicó un vocero de la Asociación de Bosques de Petén.
Los invasores: entre la necesidad y la ilegalidad
Líderes comunitarios que representan a las familias asentadas reconocieron que ocuparon los terrenos, pero justificaron la acción como una respuesta a la falta de tierra y oportunidades en Petén. “No queremos dañar nada, solo buscamos un lugar para vivir”, dijo uno de los voceros. Sin embargo, autoridades recordaron que la ley es clara: ningún ciudadano puede apropiarse de terrenos estatales, y menos de un espacio considerado de interés estratégico.
El MEM aclaró que se evalúan mecanismos de asistencia social para las familias vulnerables de Petén, pero subrayó que el derecho a la vivienda no puede justificarse mediante invasiones. “El desalojo se hará respetando los derechos humanos, pero será inevitable. Los Pozos petroleros Xan no pueden convertirse en un asentamiento”, indicó un comunicado oficial.
Seguridad y logística del desalojo
Fuentes del Ejecutivo confirmaron que el operativo será coordinado con la Policía Nacional Civil (PNC), el Ejército y el Ministerio Público, con el fin de evitar confrontaciones violentas. Se prevé que las autoridades brinden un plazo para que las familias se retiren voluntariamente antes de la intervención. El gobierno busca equilibrar el respeto a los derechos fundamentales con la obligación de proteger los recursos nacionales.
Un legado de Perenco
La empresa francesa Perenco operó los Pozos petroleros Xan desde finales de los años noventa. Aunque su presencia fue polémica —con cuestionamientos por impactos ambientales y demandas sociales—, también representó ingresos fiscales importantes para el país. En 2023, la producción de Perenco alcanzó alrededor de 10 mil barriles diarios, una cifra que representaba una parte significativa del consumo energético nacional.
Con la salida de Perenco en 2024, el Estado guatemalteco enfrenta un doble reto: garantizar el cierre técnico de las instalaciones y planificar una transición hacia nuevas alternativas energéticas. En ese proceso, las invasiones constituyen una amenaza adicional, pues pueden retrasar inversiones, encarecer la recuperación ambiental y aumentar el riesgo de conflictos sociales.
Perspectiva política y social
El desalojo de los Pozos petroleros Xan se enmarca en un contexto político complejo. El gobierno de Bernardo Arévalo ha enfrentado múltiples protestas y demandas sociales desde su toma de posesión, y este caso pone a prueba su capacidad para aplicar la ley sin generar mayores tensiones en Petén, un departamento históricamente marcado por la pobreza, el abandono estatal y la conflictividad por tierras.
Analistas consideran que el Ejecutivo debe manejar el tema con cuidado. “El desalojo es necesario, pero si no se ofrece una alternativa para esas familias, el problema puede repetirse en otras áreas. Los Pozos petroleros Xan son un símbolo del abandono estatal, y ahora el gobierno tiene la oportunidad de demostrar que puede hacer las cosas de forma diferente”, opinó un investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos.
El futuro de los pozos
Actualmente, seis empresas internacionales han mostrado interés en participar en un futuro proceso de licitación para operar los Pozos petroleros Xan o para colaborar en su cierre técnico. El MEM indicó que se busca un modelo de transición que combine sostenibilidad ambiental, generación de empleo y seguridad energética. Sin embargo, cualquier plan requiere que el Estado recupere el control total de la zona.
En conclusión, el caso de los Pozos petroleros Xan no se limita a un conflicto por tierras. Representa un punto de inflexión en la política energética, ambiental y social del país. El gobierno ha reiterado que no permitirá que las invasiones pongan en riesgo un recurso de interés nacional, y prepara un desalojo que será clave para el futuro de la región. La pregunta que queda en el aire es si, después de recuperar el control, el Estado será capaz de ofrecer soluciones sostenibles a las comunidades que hoy claman por un lugar donde vivir.
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