Desalojo hidroeléctrica Teculután es el caso que generó tensión en Zacapa este martes, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron una orden judicial en una aldea del municipio de Teculután. El operativo tenía como objetivo retirar a los ocupantes de una planta hidroeléctrica, pero terminó en hechos violentos con disturbios y enfrentamientos.
Operativo policial en Teculután
La intervención se realizó en cumplimiento de una orden judicial que exigía liberar el terreno ocupado ilegalmente donde operaba la hidroeléctrica. Agentes de la PNC llegaron al lugar en horas de la mañana acompañados por fiscales del Ministerio Público para supervisar el proceso.
Sin embargo, la operación no fue pacífica. Testigos relataron que varios ocupantes se resistieron a abandonar el sitio, lo que derivó en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad. Según reportes iniciales, hubo momentos de tensión extrema, uso de gases lacrimógenos y bloqueos en los accesos al área de la planta.
Conflictos sociales y ambientales detrás del desalojo
De acuerdo con representantes de las comunidades, la ocupación del terreno no solo se debía a un tema de posesión, sino a conflictos sociales y ambientales que rodean la operación de la hidroeléctrica. Habitantes de la aldea han denunciado impactos ambientales y falta de diálogo previo.
Organizaciones sociales que acompañan a los manifestantes indicaron que el proceso judicial debe incluir audiencias y consultas comunitarias para evitar que los desalojos escalen en violencia. Solicitaron que se garantice el respeto a los derechos humanos de las personas afectadas.
Posición oficial del Ministerio de Gobernación ante el desalojo hidroeléctrica Teculután
Hasta el momento, el Ministerio de Gobernación no ha emitido un comunicado oficial detallando el número de heridos o detenidos. Las autoridades solo confirmaron que el desalojo respondió a una sentencia judicial y que las operaciones continuarán en caso de reincidencia.
La PNC, a través de sus canales oficiales, aseguró que los agentes actuaron siguiendo protocolos de intervención y uso proporcional de la fuerza. Sin embargo, grupos de derechos humanos han solicitado transparencia en la publicación de los reportes.
Testigos narran los hechos violentos en el desalojo hidroeléctrica Teculután
Vecinos de la comunidad de Teculután señalaron que la intervención se tornó violenta cuando los ocupantes empezaron a lanzar piedras y objetos contra las autoridades. Como respuesta, la PNC dispersó a los manifestantes utilizando gases lacrimógenos y estableció un perímetro de seguridad para evitar el ingreso de más personas al terreno.
El operativo duró varias horas y finalizó con la retirada de los ocupantes, aunque algunos permanecieron en las inmediaciones expresando su inconformidad con el desalojo.
Reacciones y peticiones de transparencia
Organizaciones sociales, como la Asociación de Comunidades en Defensa del Agua, pidieron al gobierno abrir mesas de diálogo para resolver los conflictos en torno a los proyectos hidroeléctricos. También exigen que se esclarezca si durante el desalojo se cometieron abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
Por su parte, los representantes legales de la hidroeléctrica aseguraron que el terreno es propiedad privada y que la ocupación obstaculizaba la operación normal de la planta.
Enlace interno relacionado
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Enlaces externos de referencia
Consulta más detalles del caso en Prensa Libre y en el informe de La Hora.
Conclusión
El desalojo hidroeléctrica Teculután refleja la complejidad de los conflictos entre comunidades, empresas y Estado en Guatemala. Mientras el gobierno sostiene que actúa conforme a la ley, los habitantes exigen diálogo y respeto a sus derechos. El caso sigue en desarrollo, con la expectativa de que las investigaciones aclaren los hechos y se evite una escalada mayor de violencia.
