2025-06-24
Nuevo Mundo – 96.1
La Corte Suprema de El Salvador rechazó un pedido de la fiscalía de Venezuela para defender a 252 migrantes venezolanos presos en el país centroamericano tras ser deportados por Estados Unidos, según una resolución conocida este lunes (23.06.2025) que Caracas tildó de «vergonzosa».Los venezolanos fueron expulsados por el gobierno de Donald Trump desde el 15 de marzo, acusados, sin presentar pruebas, de integrar la banda criminal Tren de Aragua. Fueron recluidos en el Cecot, una cárcel de máxima seguridad en El Salvador construida para pandilleros por el presidente Nayib Bukele.»Declárase sin lugar la intervención requerida mediante correo electrónico particular a nombre del señor -fiscal- Tarek William Saab, por no cumplirse con los presupuestos esenciales establecidos en la legislación nacional y convencional respectiva», dice la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema.En la misma resolución, la Corte dio tres días de plazo para que un bufete de abogados, contratado por el gobierno de Venezuela para defender a los migrantes presos, entregue información que complemente un recurso de habeas corpus que presentó a fines de marzo.Saab dice que es una «maniobra dilatoria y evasiva»Saab señaló que se trata de una «respuesta vergonzosa» y una «maniobra dilatoria y evasiva» de la Corte para «desentenderse de su responsabilidad constitucional de proteger la libertad y la integridad personal» de los migrantes.El Estado salvadoreño «ha optado por (…) negar toda cooperación», apuntó el fiscal general venezolano en un comunicado, e insistió en poner a disposición de la justicia salvadoreña un total de 116 entrevistas realizadas a familiares de los detenidos como parte de «búsqueda de justicia».La resolución salvadoreña dio tres días de plazo a los abogados del bufete de Jaime Ortega para aclarar «cuál es el reclamo concreto que desean plantear ante esta sala, señalando cuáles son los hechos alegados (…), la autoridad o autoridades a la que los atribuyen y por qué razón consideran que vulnera los derechos tutelados» mediante el habeas corpus.Además, les pidió que aclaren «por qué razón aseguran que las personas mencionadas en su escrito de solicitud efectivamente se encuentran privadas de libertad» en el Cecot.La Corte les solicitó asimismo que explicaran «por qué afirman que a los detenidos no se les ha permitido la comunicación con sus familiares y abogados».También indicó que los abogados «deberán exponer qué acciones han realizado para comunicarse con ellos y qué respuestas han recibido de las autoridades respectivas».Poco después de conocida la resolución, el bufete anunció que presentó este lunes «el escrito de subsanación» solicitado por la Corte.Los cinco miembros de la Sala Constitucional de El Salvador fueron nombrados en 2021 por el Congreso dominado por el partido de Bukele, que destituyó a los anteriores magistrados, quienes habían emitido fallos que no le agradaron.Familiares de venezolanos llegaron a El SalvadorFamiliares de los venezolanos deportados estuvieron en El Salvador este mes sin que el gobierno de Bukele les permitiera verlos o tener una prueba de vida.»Estuvimos tan cerca, pero a la vez tan lejos», dijo a la AFP antes de dejar El Salvador Jhoanna Sanguino, tía de Widmer Agelvis Sanguino, uno de los deportados, de 24 años.Washington acordó pagar al gobierno de Bukele seis millones de dólares por tenerlos presos.Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideran que estas detenciones violan los derechos humanos.
La Corte Suprema de El Salvador rechazó un pedido de la fiscalía de Venezuela para defender a 252 migrantes venezolanos presos en el país centroamericano tras ser deportados por Estados Unidos, según una resolución conocida este lunes (23.06.2025) que Caracas tildó de «vergonzosa».
Los venezolanos fueron expulsados por el gobierno de Donald Trump desde el 15 de marzo, acusados, sin presentar pruebas, de integrar la banda criminal Tren de Aragua. Fueron recluidos en el Cecot, una cárcel de máxima seguridad en El Salvador construida para pandilleros por el presidente Nayib Bukele.
«Declárase sin lugar la intervención requerida mediante correo electrónico particular a nombre del señor -fiscal- Tarek William Saab, por no cumplirse con los presupuestos esenciales establecidos en la legislación nacional y convencional respectiva», dice la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema.
En la misma resolución, la Corte dio tres días de plazo para que un bufete de abogados, contratado por el gobierno de Venezuela para defender a los migrantes presos, entregue información que complemente un recurso de habeas corpus que presentó a fines de marzo.
Saab señaló que se trata de una «respuesta vergonzosa» y una «maniobra dilatoria y evasiva» de la Corte para «desentenderse de su responsabilidad constitucional de proteger la libertad y la integridad personal» de los migrantes.
El Estado salvadoreño «ha optado por (…) negar toda cooperación», apuntó el fiscal general venezolano en un comunicado, e insistió en poner a disposición de la justicia salvadoreña un total de 116 entrevistas realizadas a familiares de los detenidos como parte de «búsqueda de justicia».
La resolución salvadoreña dio tres días de plazo a los abogados del bufete de Jaime Ortega para aclarar «cuál es el reclamo concreto que desean plantear ante esta sala, señalando cuáles son los hechos alegados (…), la autoridad o autoridades a la que los atribuyen y por qué razón consideran que vulnera los derechos tutelados» mediante el habeas corpus.
Además, les pidió que aclaren «por qué razón aseguran que las personas mencionadas en su escrito de solicitud efectivamente se encuentran privadas de libertad» en el Cecot.
La Corte les solicitó asimismo que explicaran «por qué afirman que a los detenidos no se les ha permitido la comunicación con sus familiares y abogados».
También indicó que los abogados «deberán exponer qué acciones han realizado para comunicarse con ellos y qué respuestas han recibido de las autoridades respectivas».
Poco después de conocida la resolución, el bufete anunció que presentó este lunes «el escrito de subsanación» solicitado por la Corte.
Los cinco miembros de la Sala Constitucional de El Salvador fueron nombrados en 2021 por el Congreso dominado por el partido de Bukele, que destituyó a los anteriores magistrados, quienes habían emitido fallos que no le agradaron.
Familiares de los venezolanos deportados estuvieron en El Salvador este mes sin que el gobierno de Bukele les permitiera verlos o tener una prueba de vida.
«Estuvimos tan cerca, pero a la vez tan lejos», dijo a la AFP antes de dejar El Salvador Jhoanna Sanguino, tía de Widmer Agelvis Sanguino, uno de los deportados, de 24 años.
Washington acordó pagar al gobierno de Bukele seis millones de dólares por tenerlos presos.
Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideran que estas detenciones violan los derechos humanos.
