2024-11-20
Nuevo Mundo – 96.1
La justicia de Perú ordenó el inicio del juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado en 2022, caso por el que se enfrenta a una petición fiscal de 34 años de prisión por el delito de rebelión, según el documento judicial publicado este miércoles (20.11.2024).El auto de enjuiciamiento emitido por el magistrado Juan Carlos Checkley y difundido por diversos medios locales señala que, junto a Castillo, en prisión preventiva desde su frustrado golpe, serán sometidos a juicio los ex primeros ministros Betssy Chávez y Aníbal Torres, así como otros dos ex integrantes de su gabinete Willy Huerta y Roberto Sánchez.Igualmente, los ex jefes policiales Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón, de acuerdo al documento publicado por medios locales.El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció el cierre del Congreso y la intervención del Poder Judicial, cuando el Parlamento lo esperaba en el pleno para debatir una moción de vacancia (destitución) presentada en su contra por los indicios de presunta corrupción en su Gobierno (2021-2022).Tras su anuncio, en el que también proclamó la conformación de un ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto, el entonces mandatario se dirigió con su familia a la embajada de México en Lima, mientras que el Parlamento votaba y aprobaba su destitución.Antes de llegar a su destino, Castillo fue detenido por su propia escolta policial y puesto a disposición de la justicia por el delito de rebelión.Poder Judicial resolvió continuar con el procesoEn septiembre pasado, Checkley rechazó una solicitud de sobreseimiento de esta investigación presentada por Castillo y los otros imputados en este caso.Al anunciar su decisión, el magistrado señaló que los argumentos presentados tanto por la Fiscalía como la defensa de los imputados «deben ser contrastados en la etapa de juicio oral y no en el control de acusación» del caso.Con esta medida, el Poder Judicial resolvió «continuar con el proceso que enfrenta Pedro Castillo, Aníbal Torres, Betssy Chávez y otros por el delito de rebelión y otros en agravio del Estado».Fiscalía pidió 34 años de prisión para CastilloAl presentar su solicitud de acusación en enero pasado, la Fiscalía pidió que el exmandatario sea condenado a 34 años de cárcel por la comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.También solicitó que Chávez, quien era primera ministra durante el fallido golpe y actualmente está en prisión preventiva, sea condenada a 25 años de cárcel, y que Torres, que había dejado ese cargo, pero seguía siendo asesor jurídico de Castillo, reciba 15 años de prisión.Castillo fue destituido por el Congreso poco después de que el 7 de diciembre de 2022 diera un mensaje televisado en el que anunció su intención de cerrar el Congreso, intervenir en la Judicatura y convocar a una asamblea constituyente.En respuesta, fue destituido por «permanente incapacidad moral» y luego detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que desde entonces permanece en prisión mientras es procesado por el delito de rebelión y también afronta otros casos de presunta corrupción.
La justicia de Perú ordenó el inicio del juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado en 2022, caso por el que se enfrenta a una petición fiscal de 34 años de prisión por el delito de rebelión, según el documento judicial publicado este miércoles (20.11.2024).
El auto de enjuiciamiento emitido por el magistrado Juan Carlos Checkley y difundido por diversos medios locales señala que, junto a Castillo, en prisión preventiva desde su frustrado golpe, serán sometidos a juicio los ex primeros ministros Betssy Chávez y Aníbal Torres, así como otros dos ex integrantes de su gabinete Willy Huerta y Roberto Sánchez.
Igualmente, los ex jefes policiales Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón, de acuerdo al documento publicado por medios locales.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció el cierre del Congreso y la intervención del Poder Judicial, cuando el Parlamento lo esperaba en el pleno para debatir una moción de vacancia (destitución) presentada en su contra por los indicios de presunta corrupción en su Gobierno (2021-2022).
Tras su anuncio, en el que también proclamó la conformación de un ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto, el entonces mandatario se dirigió con su familia a la embajada de México en Lima, mientras que el Parlamento votaba y aprobaba su destitución.
Antes de llegar a su destino, Castillo fue detenido por su propia escolta policial y puesto a disposición de la justicia por el delito de rebelión.
En septiembre pasado, Checkley rechazó una solicitud de sobreseimiento de esta investigación presentada por Castillo y los otros imputados en este caso.
Al anunciar su decisión, el magistrado señaló que los argumentos presentados tanto por la Fiscalía como la defensa de los imputados «deben ser contrastados en la etapa de juicio oral y no en el control de acusación» del caso.
Con esta medida, el Poder Judicial resolvió «continuar con el proceso que enfrenta Pedro Castillo, Aníbal Torres, Betssy Chávez y otros por el delito de rebelión y otros en agravio del Estado».
Al presentar su solicitud de acusación en enero pasado, la Fiscalía pidió que el exmandatario sea condenado a 34 años de cárcel por la comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
También solicitó que Chávez, quien era primera ministra durante el fallido golpe y actualmente está en prisión preventiva, sea condenada a 25 años de cárcel, y que Torres, que había dejado ese cargo, pero seguía siendo asesor jurídico de Castillo, reciba 15 años de prisión.
Castillo fue destituido por el Congreso poco después de que el 7 de diciembre de 2022 diera un mensaje televisado en el que anunció su intención de cerrar el Congreso, intervenir en la Judicatura y convocar a una asamblea constituyente.
En respuesta, fue destituido por «permanente incapacidad moral» y luego detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que desde entonces permanece en prisión mientras es procesado por el delito de rebelión y también afronta otros casos de presunta corrupción.
