2024-03-20
Nuevo Mundo – 96.1
El Gobierno de México y la Casa Blanca rechazaron este martes (19.03.2024) la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de permitir que se aplique la polémica ley migratoria conocida como SB4 que da a las autoridades en Texas la potestad de detener y expulsar a personas que consideren «sospechosas» de haber cruzado la frontera sur de manera irregular.»México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”, expuso en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).Al respecto, la Cancillería mexicana cuestionó las disposiciones legales que afecten los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, pues dijo, eso genera ambientes hostiles en los que la comunidad migrante está expuesta «a expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial”.»México reitera su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos y el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio”, apuntó la Cancillería.Señaló que reconoce la importancia de una política uniforme en materia migratoria y los esfuerzos bilaterales con Estados Unidos para que la migración de personas sea de manera segura, ordenada y con respeto a sus derechos humanos, y que no se vea afectada por decisiones legislativas del orden estatal o local.»En ese sentido, México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas”, enfatizó.Asimismo, adelantó que como parte de las acciones para velar por los intereses de México y sus nacionales en Estados Unidos, el Gobierno mexicano participará como Amigo de la Corte ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito ubicada en Nueva Orleans, Luisiana.Esto, con el fin de acercar información relevante sobre el impacto que dicha ley tendrá en la comunidad mexicana y/o mexicoamericana, así como su efecto en las relaciones entre México y Estados Unidos.Por su parte, La Casa Blanca, en un comunicado, divulgado por la portavoz del Gobierno de Joe Biden, Karine Jean-Pierre, criticó la decisión de los magistrados del máximo tribunal y tildó la legislación SB4 de «inconstitucional».La normativa «no solo hará que las comunidades en Texas estén más inseguras, sino que supondrá una carga para las autoridades locales, sembrará el caos y la confusión en nuestra frontera sur», señaló.La jefa de prensa de la Casa Blanca añadió que la legislación, que fue aprobada por el Congreso estatal de Texas el año pasado, es un ejemplo de la «politización de la frontera por parte de los republicanos».Ley antiinmigrantes más drásticas en la historia de EE.UU.La decisión de la Suprema permitirá a las autoridades del estado sureño hacer cumplir esta nueva ley mientras un tribunal en menor instancia examina una demanda presentada por el Gobierno de Biden y organizaciones en defensa de los derechos humanos.Los demandantes habían pedido al Supremo que detuviera la implementación de la medida mientras se dirimía el caso en el Quinto Circuito de Apelaciones.La ley, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el que un migrante «ingrese o intente entrar al estado desde una nación extranjera» de forma irregular. La falta se convierte en un delito grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó de manera irregular al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.Inicialmente, la medida promovida por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, debía entrar en vigor el pasado 5 de marzo, pero un juez federal se puso del lado de los demandantes y la prohibió.El fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó la pelea al Quinto Circuito de Apelaciones y obtuvo su respaldo, por lo que los demandantes acudieron al Supremo para evitar que la ley entrara en vigencia pidiendo una moción de emergencia, que finalmente fue negada.La decisión del Supremo fue celebrada por republicanos y funcionarios de Texas que apoyan las medidas restrictivas impuestas por Abbott.Paxton aplaudió en un mensaje en X la decisión del alto tribunal: «Esta es una gran victoria, (…) es un gran honor para mí defender a Texas y su soberanía».Por otro lado, el abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), Anand Balakrishna, calificó la decisión como «decepcionante».El abogado añadió en su comunicado que la normativa «amenaza la integridad de las leyes de inmigración» de Estados Unidos «y los principios fundamentales del debido proceso», por lo que seguirán luchando hasta derrotarla.
El Gobierno de México y la Casa Blanca rechazaron este martes (19.03.2024) la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de permitir que se aplique la polémica ley migratoria conocida como SB4 que da a las autoridades en Texas la potestad de detener y expulsar a personas que consideren «sospechosas» de haber cruzado la frontera sur de manera irregular.
«México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”, expuso en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Al respecto, la Cancillería mexicana cuestionó las disposiciones legales que afecten los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, pues dijo, eso genera ambientes hostiles en los que la comunidad migrante está expuesta «a expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial”.
«México reitera su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos y el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio”, apuntó la Cancillería.
Señaló que reconoce la importancia de una política uniforme en materia migratoria y los esfuerzos bilaterales con Estados Unidos para que la migración de personas sea de manera segura, ordenada y con respeto a sus derechos humanos, y que no se vea afectada por decisiones legislativas del orden estatal o local.
«En ese sentido, México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas”, enfatizó.
Asimismo, adelantó que como parte de las acciones para velar por los intereses de México y sus nacionales en Estados Unidos, el Gobierno mexicano participará como Amigo de la Corte ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito ubicada en Nueva Orleans, Luisiana.
Esto, con el fin de acercar información relevante sobre el impacto que dicha ley tendrá en la comunidad mexicana y/o mexicoamericana, así como su efecto en las relaciones entre México y Estados Unidos.
Por su parte, La Casa Blanca, en un comunicado, divulgado por la portavoz del Gobierno de Joe Biden, Karine Jean-Pierre, criticó la decisión de los magistrados del máximo tribunal y tildó la legislación SB4 de «inconstitucional».
La normativa «no solo hará que las comunidades en Texas estén más inseguras, sino que supondrá una carga para las autoridades locales, sembrará el caos y la confusión en nuestra frontera sur», señaló.
La jefa de prensa de la Casa Blanca añadió que la legislación, que fue aprobada por el Congreso estatal de Texas el año pasado, es un ejemplo de la «politización de la frontera por parte de los republicanos».
La decisión de la Suprema permitirá a las autoridades del estado sureño hacer cumplir esta nueva ley mientras un tribunal en menor instancia examina una demanda presentada por el Gobierno de Biden y organizaciones en defensa de los derechos humanos.
Los demandantes habían pedido al Supremo que detuviera la implementación de la medida mientras se dirimía el caso en el Quinto Circuito de Apelaciones.
La ley, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el que un migrante «ingrese o intente entrar al estado desde una nación extranjera» de forma irregular. La falta se convierte en un delito grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó de manera irregular al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.
Inicialmente, la medida promovida por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, debía entrar en vigor el pasado 5 de marzo, pero un juez federal se puso del lado de los demandantes y la prohibió.
El fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó la pelea al Quinto Circuito de Apelaciones y obtuvo su respaldo, por lo que los demandantes acudieron al Supremo para evitar que la ley entrara en vigencia pidiendo una moción de emergencia, que finalmente fue negada.
La decisión del Supremo fue celebrada por republicanos y funcionarios de Texas que apoyan las medidas restrictivas impuestas por Abbott.
Paxton aplaudió en un mensaje en X la decisión del alto tribunal: «Esta es una gran victoria, (…) es un gran honor para mí defender a Texas y su soberanía».
Por otro lado, el abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), Anand Balakrishna, calificó la decisión como «decepcionante».
El abogado añadió en su comunicado que la normativa «amenaza la integridad de las leyes de inmigración» de Estados Unidos «y los principios fundamentales del debido proceso», por lo que seguirán luchando hasta derrotarla.
