2024-03-15
Nuevo Mundo – 96.1
Candidatos ejecutados o secuestrados, funcionarios electorales amenazados, políticos que piden protección policial. Personajes de todos los partidos que temen por su vida y las de sus familiares.Este es el panorama que se padece en México a solo dos meses y medio de las elecciones del próximo 2 de junio, que serán las más grandes de su historia porque, además de la presidencia, están en juego ocho gubernaturas, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 31 congresos locales, 1.580 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 Juntas municipales.Las campañas recorren el país desde el año pasado, con la misma intensidad que la violencia. La víctima más reciente fue Tomás Morales Patrón, candidato oficialista a la alcaldía de Guerrero, a quien un sicario le disparó directamente en la cabeza.Organizaciones nacionales e internacionales alertan sobre la creciente violencia política en el país de los más de 100.000 desaparecidos, con informes que difieren en metodología pero que coinciden en que ya hay decenas de candidatos y funcionarios asesinados en todo el país.Para este proceso electoral, la organización Laboratorio Electoral inició su análisis en junio pasado, cuando todavía no comenzaban oficialmente las campañas.Desde entonces, según su más reciente reporte publicado esta semana, en México ha habido 111 casos de violencia relacionada con los comicios, entre ellos 43 personas asesinadas, de las cuales 22 aspiraban a una candidatura. El resto de las causas se refiere a atentados, amenazas y secuestros.La cifra ya superó el número de víctimas de violencia política que hubo en las elecciones intermedias de 2021, que fue de 88; y está por acercarse a las 145 que hubo en las presidenciales de 2018.PeligroLa organización Data Cívica, por su parte, presentó un informe con un contundente título que refleja el clima en el que se desarrolla el proceso electoral: «Votar entre balas».En ese documento, reportó que, de 2018 a lo que va de 2024. se han registrado en México 1.709 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos.»La violencia electoral se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influenciar la vida pública de estados y municipios (…) no existe la democracia donde impera el miedo. Por eso es que nos propusimos documentar este fenómeno para entender mejor esta situación que en cada elección amenaza a la joven democracia mexicana», explicó.Entre las víctimas, precisó, hay militantes de los partidos oficialistas Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM); y de los opositores Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Revolución Democrática (PRD), Encuentro Solidariop (PES) y Movimiento Ciudadano. Ninguna fuerza política escapa a la violencia.La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), una de las agrupaciones empresariales más grandes del país, también suele elaborar un Monitor de Seguridad en el que incluye la violencia política.De acuerdo con este estudio, que presentó su dirigente José Medina Mora, el número de amenazas o asesinatos de candidatos, pasó de 170 en 2018, a 523 en 2023, lo que representa un alza de más del doble de víctimas. Y en los primeros dos meses de la campaña en 2024 ya se contabilizaron 24 casos.ReaccionesLa preocupación ya traspasó fronteras. La semana pasada Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llamó a salvaguardar las elecciones mexicanas de la violencia.También explicó que en México, Ecuador, Haití y Honduras, la prevalencia del crimen organizado y de las pandillas y otras organizaciones criminales tiene un grave impacto en la vida de millones de personas, además de que en muchos casos las respuestas punitivas y militarizadas han dado lugar a graves violaciones de derechos humanos que, a su vez, alimentan todavía más la violencia.»Es necesario abordar la corrupción, la impunidad, la mala gobernanza y las causas estructurales profundas de la violencia», convocó.A pesar de las cifras de asesinatos y otros delitos en contra de las y los candidatos, el Gobierno rechaza que el peligro sea generalizado. Así lo reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador al denostar las advertencias de Türk.»El alto comisionado es muy, con todo respeto, muy tendencioso, está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar que México es un país muy violento», acusó el 4 de marzo.Al día siguiente, sin embargo, las autoridades reconocieron que 23 candidatos ya pidieron custodias por parte del Gobierno federal porque temen por su seguridadEn la lista se encuentran las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y el abanderado de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez, quienes ya cuentan con protección; además de aspirantes a gobernadores, senadores y diputados.En el caso de las candidaturas estatales, los operativos de protección correrán a cargo de las autoridades locales.»Presentamos un plan para que todos los candidatos y candidatas que lo soliciten cuenten con protección y seguridad, y tengan la certeza de que podrán efectuar sus campañas con el acompañamiento del gobierno y de que habrá personal que los proteja», prometió la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, ante la amenaza de que la violencia recrudezca conforme se acerque la cita electoral.
Candidatos ejecutados o secuestrados, funcionarios electorales amenazados, políticos que piden protección policial. Personajes de todos los partidos que temen por su vida y las de sus familiares.
Este es el panorama que se padece en México a solo dos meses y medio de las elecciones del próximo 2 de junio, que serán las más grandes de su historia porque, además de la presidencia, están en juego ocho gubernaturas, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 31 congresos locales, 1.580 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 Juntas municipales.
Las campañas recorren el país desde el año pasado, con la misma intensidad que la violencia. La víctima más reciente fue Tomás Morales Patrón, candidato oficialista a la alcaldía de Guerrero, a quien un sicario le disparó directamente en la cabeza.
Organizaciones nacionales e internacionales alertan sobre la creciente violencia política en el país de los más de 100.000 desaparecidos, con informes que difieren en metodología pero que coinciden en que ya hay decenas de candidatos y funcionarios asesinados en todo el país.
Para este proceso electoral, la organización Laboratorio Electoral inició su análisis en junio pasado, cuando todavía no comenzaban oficialmente las campañas.
Desde entonces, según su más reciente reporte publicado esta semana, en México ha habido 111 casos de violencia relacionada con los comicios, entre ellos 43 personas asesinadas, de las cuales 22 aspiraban a una candidatura. El resto de las causas se refiere a atentados, amenazas y secuestros.
La cifra ya superó el número de víctimas de violencia política que hubo en las elecciones intermedias de 2021, que fue de 88; y está por acercarse a las 145 que hubo en las presidenciales de 2018.
La organización Data Cívica, por su parte, presentó un informe con un contundente título que refleja el clima en el que se desarrolla el proceso electoral: «Votar entre balas».
En ese documento, reportó que, de 2018 a lo que va de 2024. se han registrado en México 1.709 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos.
«La violencia electoral se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influenciar la vida pública de estados y municipios (…) no existe la democracia donde impera el miedo. Por eso es que nos propusimos documentar este fenómeno para entender mejor esta situación que en cada elección amenaza a la joven democracia mexicana», explicó.
Entre las víctimas, precisó, hay militantes de los partidos oficialistas Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM); y de los opositores Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Revolución Democrática (PRD), Encuentro Solidariop (PES) y Movimiento Ciudadano. Ninguna fuerza política escapa a la violencia.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), una de las agrupaciones empresariales más grandes del país, también suele elaborar un Monitor de Seguridad en el que incluye la violencia política.
De acuerdo con este estudio, que presentó su dirigente José Medina Mora, el número de amenazas o asesinatos de candidatos, pasó de 170 en 2018, a 523 en 2023, lo que representa un alza de más del doble de víctimas. Y en los primeros dos meses de la campaña en 2024 ya se contabilizaron 24 casos.
La preocupación ya traspasó fronteras. La semana pasada Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llamó a salvaguardar las elecciones mexicanas de la violencia.
También explicó que en México, Ecuador, Haití y Honduras, la prevalencia del crimen organizado y de las pandillas y otras organizaciones criminales tiene un grave impacto en la vida de millones de personas, además de que en muchos casos las respuestas punitivas y militarizadas han dado lugar a graves violaciones de derechos humanos que, a su vez, alimentan todavía más la violencia.
«Es necesario abordar la corrupción, la impunidad, la mala gobernanza y las causas estructurales profundas de la violencia», convocó.
A pesar de las cifras de asesinatos y otros delitos en contra de las y los candidatos, el Gobierno rechaza que el peligro sea generalizado. Así lo reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador al denostar las advertencias de Türk.
«El alto comisionado es muy, con todo respeto, muy tendencioso, está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar que México es un país muy violento», acusó el 4 de marzo.
Al día siguiente, sin embargo, las autoridades reconocieron que 23 candidatos ya pidieron custodias por parte del Gobierno federal porque temen por su seguridad
En la lista se encuentran las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y el abanderado de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez, quienes ya cuentan con protección; además de aspirantes a gobernadores, senadores y diputados.
En el caso de las candidaturas estatales, los operativos de protección correrán a cargo de las autoridades locales.
«Presentamos un plan para que todos los candidatos y candidatas que lo soliciten cuenten con protección y seguridad, y tengan la certeza de que podrán efectuar sus campañas con el acompañamiento del gobierno y de que habrá personal que los proteja», prometió la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, ante la amenaza de que la violencia recrudezca conforme se acerque la cita electoral.
