2024-02-06
Nuevo Mundo – 96.1
La bomba estalló el martes pasado, 30 de enero. Tres medios reportaron que el cártel de Sinaloa podría haber aportado entre dos y cuatro millones de dólares a la campaña de López Obrador de 2006, según una investigación de la DEA. Fueron en Estados Unidos, Tim Golden, da la plataforma de periodismo investigativo ProPublica, Steven Dudley, de inSight crime, una fundación dedicada al estudio y a la investigación de seguridad en América Latina y el Caribe y la columnista de DW Español, Anabel Hernández.Según esos informes, basados en una investigación realizada entre 2010 y 2011 por el Departamento de Justicia de EE.UU., agentes antidroga estadounidenses descubrieron «pruebas sustanciales» de que narcos habían canalizado alrededor de 2 a 4 millones de dólares a la campaña de López Obrador en 2006.»Es una calumnia, no hay pruebas»La respuesta de López Obrador no se hizo esperar. «No hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores aunque los premien como buenos periodistas”, señaló Andrés Manuel López Obrador el 31 de enero en su conferencia matutina. «¡Cómo vamos a estar sentados en la mesa (diplomática) hablando del combate a la droga, si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome! No a mí, a lo que represento», añadió el mandatario.La candidata presidencial de Morena, Claudia Scheinbaum, calificó la publicación como «noticia falsa» y dijo que se trataba de una «guerra sucia» de la oposición mexicana. Ellos lo que proponen es regresar a un pasado de corrupción y privilegios y, como no hay respuesta por parte del pueblo de México, están buscando esta guerra sucia”, dijo a los medios. Sobre las relaciones con EE. UU., Scheinbaum dijo: «En nuestro movimiento, siempre vamos a pugnar por que haya una relación de igualdad con EE.UU., nunca de intervención y nunca de bajar la cabeza frente a nuestro socio comercial”.Según Xóchitl Gálvez, abanderada presidencial de la coalición opositora del PAN, PRI y PRD, López Obrador debe tomar medidas para esclarecer las acusaciones: «El presidente tiene que limpiar su nombre, debe ser el más interesado en que su nombre se limpie, ojalá actúe de manera responsable, no está bien que el jefe del Estado mexicano reciba una acusación de esta dimensión en un medio tan prestigiado como el que la está haciendo», dijo Gálvez.Reacciones mixtas en medios mexicanosLos medios de comunicación mexicanos también se hicieron eco ampliamente de los informes. El medio digital Aristegui recogió las reacciones de dos presuntos implicados y las de Mike Vigil, exdirector de la DEA: «En Aristegui en Vivo, tanto Mollinedo como Soto Caballero negaron haber recibido dinero del narcotráfico. El exjefe de operaciones de la agencia antidrogas estadounidense, Mike Vigil, dijo que el entonces presidente Barack Obama tuvo conocimiento de la investigación y sugirió al Comité de Revisión de Asuntos Sensibles que se cerrara, por las consecuencias internacionales que podrían tener las pesquisas, como el daño a las relaciones entre México y Estados Unidos, además de la falta de evidencias sólidas.»El columnista de El Economista Eduardo Ruiz Healy opina que «el reportaje de ProPublica no prueba nada». Según el autor, «la extensa y detallada investigación llevada a cabo por ProPublica aborda temas críticos de corrupción, narcotráfico y política en México y su relación con EE. UU., pero no prueba fuera de cualquier duda que el presidente López Obrador supiera de los probables nexos de miembros de su equipo de campaña con los Beltrán Leyva o que esta recibiera los dos millones de dólares mencionados».Sin embargo, En El Financiero, el columnista Raimundo Riva Palacio subraya: «Hay que apuntar la fecha, 30 de enero de 2024, porque puede significar un quiebre en la tolerancia política que ha tenido el Gobierno de Estados Unidos con los arrebatos del presidente López Obrador contra la DEA, el Departamento de Estado y los servicios de inteligencia, mientras es laxo y respetuoso con el crimen organizado».En relación a posibles consecuencias para López Obrador, el columnista agrega: «López Obrador no debe quedarse gritando a los mexicanos y denostar a la misma DEA que le creyó ciegamente en el caso de García Luna, sino tomar lo sucedido el martes como una cita con la justicia estadounidense que vendrá tarde o temprano, para lo cual debe prepararse, enviar en su calidad de presidente al fiscal a Washington para saber qué se tiene exactamente contra él y comenzar a preparar su defensa.»
La bomba estalló el martes pasado, 30 de enero. Tres medios reportaron que el cártel de Sinaloa podría haber aportado entre dos y cuatro millones de dólares a la campaña de López Obrador de 2006, según una investigación de la DEA. Fueron en Estados Unidos, Tim Golden, da la plataforma de periodismo investigativo ProPublica, Steven Dudley, de inSight crime, una fundación dedicada al estudio y a la investigación de seguridad en América Latina y el Caribe y la columnista de DW Español, Anabel Hernández.
Según esos informes, basados en una investigación realizada entre 2010 y 2011 por el Departamento de Justicia de EE.UU., agentes antidroga estadounidenses descubrieron «pruebas sustanciales» de que narcos habían canalizado alrededor de 2 a 4 millones de dólares a la campaña de López Obrador en 2006.
La respuesta de López Obrador no se hizo esperar. «No hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores aunque los premien como buenos periodistas”, señaló Andrés Manuel López Obrador el 31 de enero en su conferencia matutina. «¡Cómo vamos a estar sentados en la mesa (diplomática) hablando del combate a la droga, si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome! No a mí, a lo que represento», añadió el mandatario.
La candidata presidencial de Morena, Claudia Scheinbaum, calificó la publicación como «noticia falsa» y dijo que se trataba de una «guerra sucia» de la oposición mexicana. Ellos lo que proponen es regresar a un pasado de corrupción y privilegios y, como no hay respuesta por parte del pueblo de México, están buscando esta guerra sucia”, dijo a los medios. Sobre las relaciones con EE. UU., Scheinbaum dijo: «En nuestro movimiento, siempre vamos a pugnar por que haya una relación de igualdad con EE.UU., nunca de intervención y nunca de bajar la cabeza frente a nuestro socio comercial”.
Según Xóchitl Gálvez, abanderada presidencial de la coalición opositora del PAN, PRI y PRD, López Obrador debe tomar medidas para esclarecer las acusaciones: «El presidente tiene que limpiar su nombre, debe ser el más interesado en que su nombre se limpie, ojalá actúe de manera responsable, no está bien que el jefe del Estado mexicano reciba una acusación de esta dimensión en un medio tan prestigiado como el que la está haciendo», dijo Gálvez.
Reacciones mixtas en medios mexicanosLos medios de comunicación mexicanos también se hicieron eco ampliamente de los informes. El medio digital Aristegui recogió las reacciones de dos presuntos implicados y las de Mike Vigil, exdirector de la DEA: «En Aristegui en Vivo, tanto Mollinedo como Soto Caballero negaron haber recibido dinero del narcotráfico. El exjefe de operaciones de la agencia antidrogas estadounidense, Mike Vigil, dijo que el entonces presidente Barack Obama tuvo conocimiento de la investigación y sugirió al Comité de Revisión de Asuntos Sensibles que se cerrara, por las consecuencias internacionales que podrían tener las pesquisas, como el daño a las relaciones entre México y Estados Unidos, además de la falta de evidencias sólidas.»
El columnista de El Economista Eduardo Ruiz Healy opina que «el reportaje de ProPublica no prueba nada». Según el autor, «la extensa y detallada investigación llevada a cabo por ProPublica aborda temas críticos de corrupción, narcotráfico y política en México y su relación con EE. UU., pero no prueba fuera de cualquier duda que el presidente López Obrador supiera de los probables nexos de miembros de su equipo de campaña con los Beltrán Leyva o que esta recibiera los dos millones de dólares mencionados».
Sin embargo, En El Financiero, el columnista Raimundo Riva Palacio subraya: «Hay que apuntar la fecha, 30 de enero de 2024, porque puede significar un quiebre en la tolerancia política que ha tenido el Gobierno de Estados Unidos con los arrebatos del presidente López Obrador contra la DEA, el Departamento de Estado y los servicios de inteligencia, mientras es laxo y respetuoso con el crimen organizado».
En relación a posibles consecuencias para López Obrador, el columnista agrega: «López Obrador no debe quedarse gritando a los mexicanos y denostar a la misma DEA que le creyó ciegamente en el caso de García Luna, sino tomar lo sucedido el martes como una cita con la justicia estadounidense que vendrá tarde o temprano, para lo cual debe prepararse, enviar en su calidad de presidente al fiscal a Washington para saber qué se tiene exactamente contra él y comenzar a preparar su defensa.»
