2024-01-05
Nuevo Mundo – 96.1
Tres años después del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, los tribunales federales de Washington siguen inundados de juicios, audiencias de declaración de culpabilidad y sentencias, mientras que continúa la búsqueda de numerosos sospechosos en el marco de la investigación criminal más grande en la historia del país, reporta AP.Así, más de 1.230 personas han sido acusadas de delitos federales relacionados con los disturbios, que van desde delitos menores como allanamiento de morada hasta delitos graves como agresión a agentes de policía y conspiración sediciosa, según una base de datos de la agencia. Solo dos acusados han sido absueltos de todos los cargos, y se trataba de casos decididos por un juez y no por un jurado.Por el momento, cerca de 750 personas han sido condenadas, y casi dos tercios han pasado algún tiempo entre rejas. Las penas de prisión oscilan entre unos pocos días y 22 años de cárcel.La sentencia más larga fue impuesta a Enrique Tarrio, expresidente nacional de la organización de ultraderecha Proud Boys, condenado por conspiración sediciosa ya que los fiscales alegaban que se trataba de un complot para impedir el traspaso de poder del expresidente Donald Trump a su sucesor Joe Biden.Muchos alborotadores ya salieron de prisión tras cumplir sus condenas, incluidos algunos acusados de participar en actos violentos.Misterio sin resolverLas autoridades aún no han identificado a las decenas de personas que se cree que agredieron a las fuerzas del orden durante los disturbios, declaró el fiscal del distrito de Columbia, Matthew Graves. También añadió que la prescripción de los delitos es de cinco años, lo que significa que tendrían que ser acusados antes del 6 de enero de 2026. Además, varios acusados huyeron tras ser imputados y se consideran prófugos de la Justicia.Mientras, uno de los mayores misterios que rodean los disturbios es la identidad de la persona que colocó dos bombas de tubo frente a las oficinas de los comités nacionales republicano y demócrata el día antes del ataque al Capitolio.Los investigadores han dedicado miles de horas en los últimos tres años a realizar entrevistas y a examinar las pruebas y los datos aportados por el público, señaló David Sundberg, director adjunto responsable de la Oficina del FBI en Washington. Sin embargo, aún no está claro si hubo una conexión entre las bombas de tubo y el asalto al Capitolio.El año pasado, las autoridades aumentaron la recompensa hasta 500.000 dólares por información que condujera a la detención de la persona responsable de las bombas.Apelación que podría poner patas arriba cientos de cargosAl mismo tiempo, se presta especial atención al Tribunal Supremo que escuchará una apelación que podría poner patas arriba cientos de cargos derivados de los disturbios, incluso contra el expresidente Donald Trump. Los magistrados revisarán una acusación de obstrucción de un procedimiento oficial que se presentó contra más de 300 personas.Los jueces escucharán los argumentos en marzo o abril, y se espera una decisión a principios de verano. Sin embargo, la apelación ya está teniendo algún impacto en los procesamientos del 6 de enero, porque al menos dos acusados convencieron a los jueces para que retrasen sus sentencias hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el asunto.
Tres años después del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, los tribunales federales de Washington siguen inundados de juicios, audiencias de declaración de culpabilidad y sentencias, mientras que continúa la búsqueda de numerosos sospechosos en el marco de la investigación criminal más grande en la historia del país, reporta AP.
Así, más de 1.230 personas han sido acusadas de delitos federales relacionados con los disturbios, que van desde delitos menores como allanamiento de morada hasta delitos graves como agresión a agentes de policía y conspiración sediciosa, según una base de datos de la agencia. Solo dos acusados han sido absueltos de todos los cargos, y se trataba de casos decididos por un juez y no por un jurado.
Por el momento, cerca de 750 personas han sido condenadas, y casi dos tercios han pasado algún tiempo entre rejas. Las penas de prisión oscilan entre unos pocos días y 22 años de cárcel.
La sentencia más larga fue impuesta a Enrique Tarrio, expresidente nacional de la organización de ultraderecha Proud Boys, condenado por conspiración sediciosa ya que los fiscales alegaban que se trataba de un complot para impedir el traspaso de poder del expresidente Donald Trump a su sucesor Joe Biden.
Muchos alborotadores ya salieron de prisión tras cumplir sus condenas, incluidos algunos acusados de participar en actos violentos.
Misterio sin resolver
Las autoridades aún no han identificado a las decenas de personas que se cree que agredieron a las fuerzas del orden durante los disturbios, declaró el fiscal del distrito de Columbia, Matthew Graves. También añadió que la prescripción de los delitos es de cinco años, lo que significa que tendrían que ser acusados antes del 6 de enero de 2026. Además, varios acusados huyeron tras ser imputados y se consideran prófugos de la Justicia.
Mientras, uno de los mayores misterios que rodean los disturbios es la identidad de la persona que colocó dos bombas de tubo frente a las oficinas de los comités nacionales republicano y demócrata el día antes del ataque al Capitolio.
Los investigadores han dedicado miles de horas en los últimos tres años a realizar entrevistas y a examinar las pruebas y los datos aportados por el público, señaló David Sundberg, director adjunto responsable de la Oficina del FBI en Washington. Sin embargo, aún no está claro si hubo una conexión entre las bombas de tubo y el asalto al Capitolio.
El año pasado, las autoridades aumentaron la recompensa hasta 500.000 dólares por información que condujera a la detención de la persona responsable de las bombas.
Apelación que podría poner patas arriba cientos de cargosAl mismo tiempo, se presta especial atención al Tribunal Supremo que escuchará una apelación que podría poner patas arriba cientos de cargos derivados de los disturbios, incluso contra el expresidente Donald Trump. Los magistrados revisarán una acusación de obstrucción de un procedimiento oficial que se presentó contra más de 300 personas.
Los jueces escucharán los argumentos en marzo o abril, y se espera una decisión a principios de verano. Sin embargo, la apelación ya está teniendo algún impacto en los procesamientos del 6 de enero, porque al menos dos acusados convencieron a los jueces para que retrasen sus sentencias hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el asunto.
