2023-11-03
Nuevo Mundo – 96.1
Después de seis años de la mayor crisis política de España, con el estallido del ´procés´ y el intento secesionista de Cataluña, la amnistía a todos los implicados en ese hecho está allanando el camino a la futura investidura de Pedro Sánchez, que aspira a revalidar el cargo de Presidente del Gobierno para los próximos cuatro años.El ajustado resultado electoral del pasado 23 de julio ha hecho que Sánchez necesite de manera ineludible los votos de los diputados de los dos partidos independentistas catalanes: Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), unas formaciones que no han puesto fácil las negociaciones y cuyas exigencias han centrado el debate político de los últimos meses.El cierre del pacto con estas dos fuerzas está condicionando la fecha para la sesión de investidura, que debe producirse antes del día 27 de este mes, plazo que fija la Constitución Española para la convocatoria de nuevas elecciones, en el caso de que el Congreso no haya sido capaz de nombrar nuevo presidente del Ejecutivo.Después de seis años de la mayor crisis política de España, con el estallido del ´procés´ y el intento secesionista de Cataluña, la amnistía a todos los implicados en ese hecho está allanando el camino a la futura investidura de Pedro Sánchez, que aspira a revalidar el cargo de Presidente del Gobierno para los próximos cuatro años.El ajustado resultado electoral del pasado 23 de julio ha hecho que Sánchez necesite de manera ineludible los votos de los diputados de los dos partidos independentistas catalanes: Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), unas formaciones que no han puesto fácil las negociaciones y cuyas exigencias han centrado el debate político de los últimos meses.El cierre del pacto con estas dos fuerzas está condicionando la fecha para la sesión de investidura, que debe producirse antes del día 27 de este mes, plazo que fija la Constitución Española para la convocatoria de nuevas elecciones, en el caso de que el Congreso no haya sido capaz de nombrar nuevo presidente del Ejecutivo.Todo hace presagiar que el fin de las negociaciones está cada vez más cerca. El acuerdo ya se ha cerrado con ERC y ahora el país está a la espera de que se cierren los últimos flecos con Junts, la formación del expresidente catalán Carles Puigdemont, que reside en Bélgica desde que se autoexilió en 2017 para eludir la acción de la justicia española.Junts tensiona la investiduraAunque ya hace días que parece que el acuerdo para presentar una proposición de ley de amnistía, la principal exigencia de Junts, estaba prácticamente cerrado, las negociaciones todavía continúan.El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de Pedro Sánchez, estaba preparado este jueves para registrar la iniciativa en la Cámara Baja, sin embargo, desde el partido de Puigdemont se han encallado en un punto del articulado de la futura ley, al exigir que la medida beneficie a más personas.Así, la reunión de la pasada jornada de la cúpula de Junts, que se prolongó durante más de seis horas en Bruselas, concluyó sin cerrar el acuerdo. Por la noche Puigdemont explicaba la demora en sus redes sociales: «No cambiaremos la prudencia y precauciones que hemos mantenido hasta ahora por más prisas que algunos tengan».15.000 millones de condonación de deudaMientras en Bruselas se enfriaban las expectativas, en Barcelona se anunció el acuerdo con ERC, que implica la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda que Cataluña mantiene con el Fondo de Liquidación Autonómica (FLA), un instrumento creado por el Estado tras el estallido de la crisis económica de 2008, cuando las regiones no podían acceder a financiación en el mercado libre.Se estima que el Gobierno catalán se ahorrará 1.300 millones de euros tan solo en intereses.El anuncio de esta medida provocó la salida en tromba de los presidentes regionales del Partido Popular, aunque desde el Gobierno en funciones, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró que la iniciativa sería extensible al resto de territorios.Pero no a todos les afecta de igual manera, puesto que fue Cataluña la región que más dinero pidió al FLA (alrededor de 75.000 millones de euros), aunque algunas como la Comunidad Valenciana y Andalucía (la segunda y la tercera que más fondos solicitaron), en manos populares, también saldrían beneficiadas.La mayor crítica es que se trataría de una especie de premio a las autonomías más endeudadas, en detrimento de las que menos deuda tienen o de alguna, como la Comunidad de Madrid, que ni siquiera llegó a acudir a este instrumento.Traspaso de RodalíesEl pacto con ERC abarca también el traspaso de la gestión de Rodalíes de Catalunya, como se denominan los trenes de cercanías y media distancia de la región.Por el momento, tres líneas del sistema serán gestionadas por una nueva empresa compuesta por el Gobierno de España y el de Cataluña, con la misma representación aunque la parte catalana tendrá un voto de calidad.También se recogen 1.600 millones de euros hasta 2030 para el despliegue de los Mossos d´Escuadra (la Policía regional catalana), inversiones en la administración de Justicia y 150 millones de euros para investigación.Competencia entre ERC y JuntsDe mar de fondo se encuentra también una competencia electoral entre los dos partidos catalanes independentistas. Junts es el heredero político de Convergéncia Democrática de Cataluña, formación liderada durante décadas por Jordi Pujol, quien gobernó la región durante 23 años, entre 1980 y 2003.Sin embargo, las sucesivas crisis de corrupción que afrontó la fuerza de Pujol aupó poco a poco a ERC ante el electorado catalán, llevándole a rozar el millón de votos en las elecciones autonómicas de 2017.En las últimas elecciones autonómicas ERC quedó en segunda posición y Junts en tercera, superados ambos por el Partido Socialista de Cataluña (PSC). Sin embargo, en las elecciones generales de este año, la primera cayó al tercer puesto y la segunda al cuarto, mientras que el PSC consiguió más de 300.000 votos más que las dos formaciones nacionalistas juntas.En este escenario existe una pugna por ver quién se arroga la voz del independentismo catalán, en un momento de caída del apoyo popular y en el que el voto de sus seguidores no llega ni siquiera al 25 % del total, 13 puntos menos que dos años antes.Así, el acuerdo parece listo, pero su presentación parece depender de un Junts, que quiere mostrarse más exigente que su competidor directo ante la ciudadanía catalana.Consulta a la militanciaMientras el acuerdo con ERC ya está cerrado y el de Junts se encuentra en la recta final, el PSOE está realizando una consulta a su militancia. En primer lugar se pregunta por el acuerdo con Sumar, el partido de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, para la formación de un futuro Gobierno de coalición.En segundo lugar se pregunta a los afiliados al Partido Socialista si habilitan a su Ejecutiva a negociar con el resto de partidos políticos para llegar a acuerdos que posibiliten una nueva investidura de Sánchez.La consulta no hace mención explícita de la ley de amnistía, ni de otras cuestiones, según avanzó el Presidente del Gobierno, porque las conversaciones no están concluidas y el tiempo para conseguir esa investidura exitosa apremia.Duras críticas de la oposiciónLa oposición ha aumentado el tono de sus críticas en los últimos días. Así, el expresidente del Gobierno y del Partido Popular, José María Aznar, dijo ayer en un acto que Sánchez era «un peligro para la democracia».En el mismo acto, su sucesor y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que España está «al borde del precipicio institucional».También se pronunció este miércoles la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación mayoritaria de los jueces del país, que a través de un comunicado manifestó que la futura ley de amnistía, de la que todavía no se conoce el texto, es un paso más para situarse «en el principio del fin de nuestra democracia».La APM dice también que la futura ley es «inaceptable e inasumible en una democracia plena» y que «cualquiera que sea la trampa o el encaje constitucional que se pretenda buscar» no es admisible en la Constitución Española porque «pone en cuestión la labor de los jueces» y «deslegitima el Estado de Derecho y al Poder Legislativo».Más sorprendente ha sido la postura de ocho miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los integrantes de ese órgano, que fueron elegidos por el Partido Popular y que tienen caducadas sus funciones desde hace cinco años por el bloqueo legislativo de los mismos conservadores, intentan convocar un pleno para pronunciarse sobre la futura ley de amnistía.Los ocho consejeros quieren emitir una declaración institucional que recoja que la amnistía «supone degradar y convertir» el Estado de Derecho «en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el interés de España».
Después de seis años de la mayor crisis política de España, con el estallido del ´procés´ y el intento secesionista de Cataluña, la amnistía a todos los implicados en ese hecho está allanando el camino a la futura investidura de Pedro Sánchez, que aspira a revalidar el cargo de Presidente del Gobierno para los próximos cuatro años.
El ajustado resultado electoral del pasado 23 de julio ha hecho que Sánchez necesite de manera ineludible los votos de los diputados de los dos partidos independentistas catalanes: Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), unas formaciones que no han puesto fácil las negociaciones y cuyas exigencias han centrado el debate político de los últimos meses.
El cierre del pacto con estas dos fuerzas está condicionando la fecha para la sesión de investidura, que debe producirse antes del día 27 de este mes, plazo que fija la Constitución Española para la convocatoria de nuevas elecciones, en el caso de que el Congreso no haya sido capaz de nombrar nuevo presidente del Ejecutivo.
Después de seis años de la mayor crisis política de España, con el estallido del ´procés´ y el intento secesionista de Cataluña, la amnistía a todos los implicados en ese hecho está allanando el camino a la futura investidura de Pedro Sánchez, que aspira a revalidar el cargo de Presidente del Gobierno para los próximos cuatro años.
El ajustado resultado electoral del pasado 23 de julio ha hecho que Sánchez necesite de manera ineludible los votos de los diputados de los dos partidos independentistas catalanes: Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), unas formaciones que no han puesto fácil las negociaciones y cuyas exigencias han centrado el debate político de los últimos meses.
El cierre del pacto con estas dos fuerzas está condicionando la fecha para la sesión de investidura, que debe producirse antes del día 27 de este mes, plazo que fija la Constitución Española para la convocatoria de nuevas elecciones, en el caso de que el Congreso no haya sido capaz de nombrar nuevo presidente del Ejecutivo.
Todo hace presagiar que el fin de las negociaciones está cada vez más cerca. El acuerdo ya se ha cerrado con ERC y ahora el país está a la espera de que se cierren los últimos flecos con Junts, la formación del expresidente catalán Carles Puigdemont, que reside en Bélgica desde que se autoexilió en 2017 para eludir la acción de la justicia española.
Aunque ya hace días que parece que el acuerdo para presentar una proposición de ley de amnistía, la principal exigencia de Junts, estaba prácticamente cerrado, las negociaciones todavía continúan.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de Pedro Sánchez, estaba preparado este jueves para registrar la iniciativa en la Cámara Baja, sin embargo, desde el partido de Puigdemont se han encallado en un punto del articulado de la futura ley, al exigir que la medida beneficie a más personas.
Así, la reunión de la pasada jornada de la cúpula de Junts, que se prolongó durante más de seis horas en Bruselas, concluyó sin cerrar el acuerdo. Por la noche Puigdemont explicaba la demora en sus redes sociales: «No cambiaremos la prudencia y precauciones que hemos mantenido hasta ahora por más prisas que algunos tengan».
Mientras en Bruselas se enfriaban las expectativas, en Barcelona se anunció el acuerdo con ERC, que implica la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda que Cataluña mantiene con el Fondo de Liquidación Autonómica (FLA), un instrumento creado por el Estado tras el estallido de la crisis económica de 2008, cuando las regiones no podían acceder a financiación en el mercado libre.
Se estima que el Gobierno catalán se ahorrará 1.300 millones de euros tan solo en intereses.
El anuncio de esta medida provocó la salida en tromba de los presidentes regionales del Partido Popular, aunque desde el Gobierno en funciones, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró que la iniciativa sería extensible al resto de territorios.
Pero no a todos les afecta de igual manera, puesto que fue Cataluña la región que más dinero pidió al FLA (alrededor de 75.000 millones de euros), aunque algunas como la Comunidad Valenciana y Andalucía (la segunda y la tercera que más fondos solicitaron), en manos populares, también saldrían beneficiadas.
La mayor crítica es que se trataría de una especie de premio a las autonomías más endeudadas, en detrimento de las que menos deuda tienen o de alguna, como la Comunidad de Madrid, que ni siquiera llegó a acudir a este instrumento.
El pacto con ERC abarca también el traspaso de la gestión de Rodalíes de Catalunya, como se denominan los trenes de cercanías y media distancia de la región.
Por el momento, tres líneas del sistema serán gestionadas por una nueva empresa compuesta por el Gobierno de España y el de Cataluña, con la misma representación aunque la parte catalana tendrá un voto de calidad.
También se recogen 1.600 millones de euros hasta 2030 para el despliegue de los Mossos d´Escuadra (la Policía regional catalana), inversiones en la administración de Justicia y 150 millones de euros para investigación.
De mar de fondo se encuentra también una competencia electoral entre los dos partidos catalanes independentistas. Junts es el heredero político de Convergéncia Democrática de Cataluña, formación liderada durante décadas por Jordi Pujol, quien gobernó la región durante 23 años, entre 1980 y 2003.
Sin embargo, las sucesivas crisis de corrupción que afrontó la fuerza de Pujol aupó poco a poco a ERC ante el electorado catalán, llevándole a rozar el millón de votos en las elecciones autonómicas de 2017.
En las últimas elecciones autonómicas ERC quedó en segunda posición y Junts en tercera, superados ambos por el Partido Socialista de Cataluña (PSC). Sin embargo, en las elecciones generales de este año, la primera cayó al tercer puesto y la segunda al cuarto, mientras que el PSC consiguió más de 300.000 votos más que las dos formaciones nacionalistas juntas.
En este escenario existe una pugna por ver quién se arroga la voz del independentismo catalán, en un momento de caída del apoyo popular y en el que el voto de sus seguidores no llega ni siquiera al 25 % del total, 13 puntos menos que dos años antes.
Así, el acuerdo parece listo, pero su presentación parece depender de un Junts, que quiere mostrarse más exigente que su competidor directo ante la ciudadanía catalana.
Mientras el acuerdo con ERC ya está cerrado y el de Junts se encuentra en la recta final, el PSOE está realizando una consulta a su militancia. En primer lugar se pregunta por el acuerdo con Sumar, el partido de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, para la formación de un futuro Gobierno de coalición.
En segundo lugar se pregunta a los afiliados al Partido Socialista si habilitan a su Ejecutiva a negociar con el resto de partidos políticos para llegar a acuerdos que posibiliten una nueva investidura de Sánchez.
La consulta no hace mención explícita de la ley de amnistía, ni de otras cuestiones, según avanzó el Presidente del Gobierno, porque las conversaciones no están concluidas y el tiempo para conseguir esa investidura exitosa apremia.
La oposición ha aumentado el tono de sus críticas en los últimos días. Así, el expresidente del Gobierno y del Partido Popular, José María Aznar, dijo ayer en un acto que Sánchez era «un peligro para la democracia».
En el mismo acto, su sucesor y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que España está «al borde del precipicio institucional».
También se pronunció este miércoles la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación mayoritaria de los jueces del país, que a través de un comunicado manifestó que la futura ley de amnistía, de la que todavía no se conoce el texto, es un paso más para situarse «en el principio del fin de nuestra democracia».
La APM dice también que la futura ley es «inaceptable e inasumible en una democracia plena» y que «cualquiera que sea la trampa o el encaje constitucional que se pretenda buscar» no es admisible en la Constitución Española porque «pone en cuestión la labor de los jueces» y «deslegitima el Estado de Derecho y al Poder Legislativo».
Más sorprendente ha sido la postura de ocho miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los integrantes de ese órgano, que fueron elegidos por el Partido Popular y que tienen caducadas sus funciones desde hace cinco años por el bloqueo legislativo de los mismos conservadores, intentan convocar un pleno para pronunciarse sobre la futura ley de amnistía.
Los ocho consejeros quieren emitir una declaración institucional que recoja que la amnistía «supone degradar y convertir» el Estado de Derecho «en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el interés de España».
