2022-11-10
Nuevo Mundo – 96.1
El gobierno de Guatemala rechazó el miércoles declaraciones del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, de que Estados Unidos está alarmado por un continuo patrón de acciones contra jueces y fiscales que conocieron casos contra la corrupción y han denunciado persecución.El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió en un comunicado que rechazaba “enérgicamente” esas denuncias y “cualquier injerencia extranjera en los procesos internos de Guatemala”.“La Constitución Política confiere exclusividad absoluta a los jueces para juzgar y promover la ejecución de lo juzgado”, agregó el documento.También el Ministerio Público reaccionó a las palabras de Price.“El mandato legal y constitucional de la institución es claro, y establece que es una institución con funciones autónomas que promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública además de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”, dijo el portavoz Juan Luis Pantaleón.De ese modo, agregó, “el Ministerio Público rechaza categóricamente las declaraciones tendenciosas y carentes de conocimiento del sistema de justicia guatemalteco vertidas por el vocero del departamento de Estado”.Para el analista en seguridad y política Julio Rivera, lo que pasa en Guatemala es que se ha “politizado” la justicia.“Creo que cuando se pone una denuncia y hay una persecución en contra de algún tipo de delito, hay que perseguirlo, y por eso es que es tan importante despolitizar la justicia: nadie tiene porque meter las manos en la justicia ni en lo local, ni en lo internacional”, dijo Rivera.Durante el actual gobierno del presidente Alejandro Giammattei al menos 30 operadores de justicia se han autoexiliado, denunciando criminalización en su contra.Estados Unidos ha estado expresando su preocupación por la falta de avances en la lucha anticorrupción en Guatemala, al punto de llegar a acusar a la fiscal general, Consuelo Porras, de “minimizar” las investigaciones en ese ámbito.En 2020, el Departamento de Estado sancionó a Porras por obstaculizar la lucha contra la corrupción.
El gobierno de Guatemala rechazó el miércoles declaraciones del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, de que Estados Unidos está alarmado por un continuo patrón de acciones contra jueces y fiscales que conocieron casos contra la corrupción y han denunciado persecución.
El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió en un comunicado que rechazaba “enérgicamente” esas denuncias y “cualquier injerencia extranjera en los procesos internos de Guatemala”.
“La Constitución Política confiere exclusividad absoluta a los jueces para juzgar y promover la ejecución de lo juzgado”, agregó el documento.
También el Ministerio Público reaccionó a las palabras de Price.
“El mandato legal y constitucional de la institución es claro, y establece que es una institución con funciones autónomas que promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública además de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”, dijo el portavoz Juan Luis Pantaleón.
De ese modo, agregó, “el Ministerio Público rechaza categóricamente las declaraciones tendenciosas y carentes de conocimiento del sistema de justicia guatemalteco vertidas por el vocero del departamento de Estado”.
Para el analista en seguridad y política Julio Rivera, lo que pasa en Guatemala es que se ha “politizado” la justicia.
“Creo que cuando se pone una denuncia y hay una persecución en contra de algún tipo de delito, hay que perseguirlo, y por eso es que es tan importante despolitizar la justicia: nadie tiene porque meter las manos en la justicia ni en lo local, ni en lo internacional”, dijo Rivera.
Durante el actual gobierno del presidente Alejandro Giammattei al menos 30 operadores de justicia se han autoexiliado, denunciando criminalización en su contra.
Estados Unidos ha estado expresando su preocupación por la falta de avances en la lucha anticorrupción en Guatemala, al punto de llegar a acusar a la fiscal general, Consuelo Porras, de “minimizar” las investigaciones en ese ámbito.
En 2020, el Departamento de Estado sancionó a Porras por obstaculizar la lucha contra la corrupción.
