2022-06-28
Nuevo Mundo – 96.1
Los poderes del Estado de Guatemala cargaron este martes contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sesión especial del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante la visita del presidente Alejandro Giammattei a la sede del organismo hemisférico en Washington DC.Luego de los saludos protocolarios y la bienvenida del secretario general de la OEA, Luis Almagro; el presidente Giammattei ofreció la presentación de una producción audiovisual que dijo firmaban los diputados del Congreso Nacional del país centroamericano en la que de entrada descalificaban el trabajo de observación de la CIDH que, por mandato de la Carta Interamericana, vigila el cumplimiento de derechos fundamentales en los países firmantes, Guatemala entre ellos.En la locución del video se asegura que la CIDH se está entrometiendo en procesos democráticos internos y que de ese modo viola su mandato y los “principios del derecho internacional”. La Comisión incluyó a Guatemala en el Capítulo 4 en su informe de 2021 y enumeró serias y sistemáticas violaciones a derechos humanos y ubicó al país junto a Nicaragua, Cuba y Venezuela.Según el video, los diputados guatemaltecos creen que la CIDH “deplora la normativa legal que protege la vida desde la concepción y tipifica el crimen del aborto, y en claro abuso de su mandato pretende forzar a adoptar medidas legislativas, políticas públicas entre otras acciones con el fin de promover el acceso irrestricto a practicas abortivas”, acusa la narración del audiovisual.Giammattei califica de “groseras” prácticas de la ComisiónPor su parte el presidente Giammattei ocupó gran parte de su presentación ante el foro de la OEA para descalificar el trabajo de la instancia hemisférica que forma parte del sistema interamericano, pero que actúa con autonomía en seguimiento de casos sobre violaciones a derechos fundamentales.En su informe de 2021, la CIDH enumeró los sucesivos hechos en el país centroamericano que muestran “graves violaciones a los derechos humanos y ataques a la institucionalidad democrática”.Para Giammattei el informe es un descrédito porque «el estado de Guatemala presentó su inconformidad de manera enérgica y lamentó la decisión de la CIDH de incluir a Guatemala en el Capítulo 4 de la sección B cuando la situación de Guatemala en materia de derechos humanos, combate a la corrupción no corresponde y es contraria a los supuestos previstos en la citada acción de conformidad”, dijo.No obstante, al presentar el informe a inicios de junio, la CIDH reconoció la “iniciativa de Guatemala para establecer una ruta de trabajo, sobre la base de un diálogo franco”, con las que en ese momento se daría seguimiento a las recomendaciones respecto a “preocupaciones observadas”, así como la disposición del estado para atender los requerimientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.Sobre la postura del jefe del Ejecutivo guatemalteco esta mañana, la CIDH declinó opinar sobre el asunto a solicitud presentada por la Voz de America citando sus procedimientos internos.El presidente Giammattei dijo que no existe en Guatemala “intromisión sistemática de la independencia del poder judicial” y menos aún subordinación de otras instituciones del estado a la autoridad civil “constituida conforme a la ley”.Sin embargo, a mediados de mayo Giammattei revalidó en el cargo a la fiscal general, Consuelo Porras, luego de “maniobras” denunciadas por organizaciones de la sociedad civil dentro del país, para mantener en el cargo a la funcionaria sancionada por Estados Unidos en la Lista Engel de actores corruptos de Centroamérica, y señalada por la Unión Europea.El nombramiento para un segundo término de la jefa del Ministerio Público, dijo entonces el Departamento de Estado de EEUU, “socava profundamente la confianza en el compromiso de Guatemala para combatir la corrupción y fortalecer el Estado de derecho”.No obstante, el mandatario dijo que el trabajo de la Comisión podía calificarse de “amenazas y extorsión” a su país al exigir visitas in loco para verificar comportamiento del país en la materia.“La CIDH debe actuar de forma subsidiaria y no como una cuarta instancia dentro de las instituciones judiciales de un país, tampoco es la CIDH revisora o juzgadora de las decisiones internas las cuales tienen regulados sus propios mecanismos de impugnación. Cuestionar esas resoluciones sin que haya sido agotado en el ámbito interno todos los recursos y sin que exista un informe de fondo de la CIDH bajo el sistema de peticiones y casos es una clara arbitrariedad y rigor metodológico grosero”, dijo Giammattei.A la vez el mandatario sacó al ruedo uno de los temas que mayor resquemor causan en la comunidad internacional como la persecución a operadores de justicia que han demostrado independencia en sus actuaciones.De estos hay más de una veintena asilados en Estados Unidos y otros países, lista que conforman –entre jueces y fiscales-, una decena más enfrentan procesos abiertos y persecución penal en Guatemala, entre estos aquellos que han ventilado casos de crímenes de guerra, corrupción, y violaciones a derechos humanos.“El informe de la CIDH cuestiona las investigaciones en curso contra distintos fiscales y jueces que abusaron de su poder en el foro interno, que violaron el debido proceso y violaron los derechos humanos de muchos ciudadanos en algunos casos hubo personas que murieron después de tres años de estar en prisión provisional, una figura jurídica que no está reconocida en el ordenamiento legal, pero que fue puesta de moda recientemente, ese es un defecto procesal que nos dejó la triste historia de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala)”, señaló Giammattei.Respuesta desde WashingtonPara el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, quien se encuentra en Washington DC, después de sortear persecución judicial en su país como uno de los últimos reductos del trabajo de la CICID, según comentó a la VOA, la postura del presidente Giammattei ante el Consejo Permanente de la OEA deja ver contradicciones.“El gobernante es representante del Ejecutivo, pero aborda en forma oficiosa la defensa de señalados en graves casos de corrupción, utilizando el mismo discurso (…) Cuestiona la ilegitimidad de la CIDH o su competencia y a la misma vez dice que es un castigo. Se contradice”, opina el exfiscal Sandoval.Este perito en materia de investigaciones asegura que la competencia de la CIDH deriva de la Convención y Guatemala al ser estado firmante tiene compromisos.“No hay ninguna ilegitimidad, y no es ninguna intervención, (el informe) es el uso de uno de sus instrumentos de monitoreo, regulado en el capitulo IV del Reglamento de la CIDH. No es algo nuevo, la CIDH ha estado dando audiencias públicas, casi todos los periodos de sesiones sobre Guatemala. Era algo de esperarse, pues el Estado no ha seguido recomendaciones ni ha permitido la visita in loco de la comisionada al país durante más de 6 años. ¿Y qué espera, una felicitación?”, puntualizó el exfiscal Sandoval.
Los poderes del Estado de Guatemala cargaron este martes contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sesión especial del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante la visita del presidente Alejandro Giammattei a la sede del organismo hemisférico en Washington DC.
Luego de los saludos protocolarios y la bienvenida del secretario general de la OEA, Luis Almagro; el presidente Giammattei ofreció la presentación de una producción audiovisual que dijo firmaban los diputados del Congreso Nacional del país centroamericano en la que de entrada descalificaban el trabajo de observación de la CIDH que, por mandato de la Carta Interamericana, vigila el cumplimiento de derechos fundamentales en los países firmantes, Guatemala entre ellos.
En la locución del video se asegura que la CIDH se está entrometiendo en procesos democráticos internos y que de ese modo viola su mandato y los “principios del derecho internacional”. La Comisión incluyó a Guatemala en el Capítulo 4 en su informe de 2021 y enumeró serias y sistemáticas violaciones a derechos humanos y ubicó al país junto a Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Según el video, los diputados guatemaltecos creen que la CIDH “deplora la normativa legal que protege la vida desde la concepción y tipifica el crimen del aborto, y en claro abuso de su mandato pretende forzar a adoptar medidas legislativas, políticas públicas entre otras acciones con el fin de promover el acceso irrestricto a practicas abortivas”, acusa la narración del audiovisual.
Giammattei califica de “groseras” prácticas de la ComisiónPor su parte el presidente Giammattei ocupó gran parte de su presentación ante el foro de la OEA para descalificar el trabajo de la instancia hemisférica que forma parte del sistema interamericano, pero que actúa con autonomía en seguimiento de casos sobre violaciones a derechos fundamentales.
En su informe de 2021, la CIDH enumeró los sucesivos hechos en el país centroamericano que muestran “graves violaciones a los derechos humanos y ataques a la institucionalidad democrática”.
Para Giammattei el informe es un descrédito porque «el estado de Guatemala presentó su inconformidad de manera enérgica y lamentó la decisión de la CIDH de incluir a Guatemala en el Capítulo 4 de la sección B cuando la situación de Guatemala en materia de derechos humanos, combate a la corrupción no corresponde y es contraria a los supuestos previstos en la citada acción de conformidad”, dijo.
No obstante, al presentar el informe a inicios de junio, la CIDH reconoció la “iniciativa de Guatemala para establecer una ruta de trabajo, sobre la base de un diálogo franco”, con las que en ese momento se daría seguimiento a las recomendaciones respecto a “preocupaciones observadas”, así como la disposición del estado para atender los requerimientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Sobre la postura del jefe del Ejecutivo guatemalteco esta mañana, la CIDH declinó opinar sobre el asunto a solicitud presentada por la Voz de America citando sus procedimientos internos.
El presidente Giammattei dijo que no existe en Guatemala “intromisión sistemática de la independencia del poder judicial” y menos aún subordinación de otras instituciones del estado a la autoridad civil “constituida conforme a la ley”.
Sin embargo, a mediados de mayo Giammattei revalidó en el cargo a la fiscal general, Consuelo Porras, luego de “maniobras” denunciadas por organizaciones de la sociedad civil dentro del país, para mantener en el cargo a la funcionaria sancionada por Estados Unidos en la Lista Engel de actores corruptos de Centroamérica, y señalada por la Unión Europea.
El nombramiento para un segundo término de la jefa del Ministerio Público, dijo entonces el Departamento de Estado de EEUU, “socava profundamente la confianza en el compromiso de Guatemala para combatir la corrupción y fortalecer el Estado de derecho”.
No obstante, el mandatario dijo que el trabajo de la Comisión podía calificarse de “amenazas y extorsión” a su país al exigir visitas in loco para verificar comportamiento del país en la materia.
“La CIDH debe actuar de forma subsidiaria y no como una cuarta instancia dentro de las instituciones judiciales de un país, tampoco es la CIDH revisora o juzgadora de las decisiones internas las cuales tienen regulados sus propios mecanismos de impugnación. Cuestionar esas resoluciones sin que haya sido agotado en el ámbito interno todos los recursos y sin que exista un informe de fondo de la CIDH bajo el sistema de peticiones y casos es una clara arbitrariedad y rigor metodológico grosero”, dijo Giammattei.
A la vez el mandatario sacó al ruedo uno de los temas que mayor resquemor causan en la comunidad internacional como la persecución a operadores de justicia que han demostrado independencia en sus actuaciones.
De estos hay más de una veintena asilados en Estados Unidos y otros países, lista que conforman –entre jueces y fiscales-, una decena más enfrentan procesos abiertos y persecución penal en Guatemala, entre estos aquellos que han ventilado casos de crímenes de guerra, corrupción, y violaciones a derechos humanos.
“El informe de la CIDH cuestiona las investigaciones en curso contra distintos fiscales y jueces que abusaron de su poder en el foro interno, que violaron el debido proceso y violaron los derechos humanos de muchos ciudadanos en algunos casos hubo personas que murieron después de tres años de estar en prisión provisional, una figura jurídica que no está reconocida en el ordenamiento legal, pero que fue puesta de moda recientemente, ese es un defecto procesal que nos dejó la triste historia de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala)”, señaló Giammattei.
Respuesta desde WashingtonPara el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, quien se encuentra en Washington DC, después de sortear persecución judicial en su país como uno de los últimos reductos del trabajo de la CICID, según comentó a la VOA, la postura del presidente Giammattei ante el Consejo Permanente de la OEA deja ver contradicciones.
“El gobernante es representante del Ejecutivo, pero aborda en forma oficiosa la defensa de señalados en graves casos de corrupción, utilizando el mismo discurso (…) Cuestiona la ilegitimidad de la CIDH o su competencia y a la misma vez dice que es un castigo. Se contradice”, opina el exfiscal Sandoval.
Este perito en materia de investigaciones asegura que la competencia de la CIDH deriva de la Convención y Guatemala al ser estado firmante tiene compromisos.
“No hay ninguna ilegitimidad, y no es ninguna intervención, (el informe) es el uso de uno de sus instrumentos de monitoreo, regulado en el capitulo IV del Reglamento de la CIDH. No es algo nuevo, la CIDH ha estado dando audiencias públicas, casi todos los periodos de sesiones sobre Guatemala. Era algo de esperarse, pues el Estado no ha seguido recomendaciones ni ha permitido la visita in loco de la comisionada al país durante más de 6 años. ¿Y qué espera, una felicitación?”, puntualizó el exfiscal Sandoval.
