2022-03-31
Nuevo Mundo – 96.1
“El timeline cada día se acorta. Los espacios están ahí. Ya empezamos a trabajar, ya hay una fuerza de tarea en ese sentido”, aseguró Búcaro a VOA en Washington DC, donde se encuentra en un viaje en el que se reunió con funcionarios y legisladores estadounidenses.EE. UU. planea levantar la normativa -que permite a las autoridades expulsar inmediatamente del país a los migrantes que llegan a la frontera- entre finales de mayo y principios de junio, según reportes en medios nacionales.El canciller Búcaro aseguró que los gobiernos están tratando de “formar una coalición humanitaria” para “llevar la ayuda a esas personas antes de que lleguen”. «Lo fundamental es comenzar a trabajar en programas de trabajo temporal, el tema de visas temporales para generar una serie de programas de movilidad ordena, segura, regular” señaló.El Título 42, emitido por el gobierno del expresidente Donald Trump, alega razones de salud pública por la pandemia para prohibir la entrada de migrantes y de personas que buscan pedir asilo en EE. UU.La directriz ha sido criticada por algunos legisladores demócratas y activistas, quienes han denunciado que EE. UU. está usando la pandemia como excusa para eludir sus obligaciones en el tema de asilo.La decisión de levantar la norma, que no se ha anunciado oficialmente, llega mientras aumenta la cantidad de migrantes que intentan cruzar la frontera. El Departamento de Seguridad Nacional informó el martes que unos 7.100 migrantes están tratando de cruzar cada día, comparado con un promedio de 5.900 en febrero.Legisladores republicanos han expresado preocupación porque la revocación del Título 42 cause un “aumento abrumador en los cruces ilegales en la frontera sur y exacerbe la crisis”, escribieron 13 senadores del partido de oposición en una carta al Departamento de Seguridad Nacional.Persecución a jueces y fiscales en GuatemalaEl canciller Búcaro también se refirió el jueves en declaraciones a VOA sobre las denuncias de persecución por parte del Ministerio Público de Guatemala hacia fiscales y jueces que han investigado temas de corrupción y crimen organizado.Búcaro aseguró que en Guatemala hay “Estado de derecho [y] libertad de expresión”. El canciller dijo que el gobierno está “dando seguimiento” a los casos de los 16 exjueces y exfiscales que han buscado asilo en EE. UU.“Estamos como gobierno llevando todos los planteamientos para garantizar el respeto a los derechos humanos”, aseguró el canciller. “Sabemos que hay un sistema de justiciar que ellos tienen diferentes garantías”, añadió.Las declaraciones del canciller contrastan con el testimonio de los exfuncionarios judiciales y con organismos internacionales que han sonado las alarmas sobre la situación de los jueces y fiscales en Guatemala.El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó preocupación por las supuestas persecuciones y los informes que “cuestionan la independencia de la Justicia y del enjuiciamiento penal en Guatemala”.La exjueza Erika Aifán, asilada en EE. UU. y que renunció a su cargo alegando amenazas y presiones contra su independencia, dijo a la Voz de América que en Guatemala “no existen garantías del Estado de Derecho”.Aifán fue la última jueza guatemalteca en renunciar a su cargo, después de 19 años en el Organismo Judicial, donde tuvo a su cargo el enjuiciamiento de algunos de los casos emblemáticos de corrupción, crimen organizado y delitos de alto impacto en Guatemala.
“El timeline cada día se acorta. Los espacios están ahí. Ya empezamos a trabajar, ya hay una fuerza de tarea en ese sentido”, aseguró Búcaro a VOA en Washington DC, donde se encuentra en un viaje en el que se reunió con funcionarios y legisladores estadounidenses.
EE. UU. planea levantar la normativa -que permite a las autoridades expulsar inmediatamente del país a los migrantes que llegan a la frontera- entre finales de mayo y principios de junio, según reportes en medios nacionales.
El canciller Búcaro aseguró que los gobiernos están tratando de “formar una coalición humanitaria” para “llevar la ayuda a esas personas antes de que lleguen”. «Lo fundamental es comenzar a trabajar en programas de trabajo temporal, el tema de visas temporales para generar una serie de programas de movilidad ordena, segura, regular” señaló.
El Título 42, emitido por el gobierno del expresidente Donald Trump, alega razones de salud pública por la pandemia para prohibir la entrada de migrantes y de personas que buscan pedir asilo en EE. UU.
La directriz ha sido criticada por algunos legisladores demócratas y activistas, quienes han denunciado que EE. UU. está usando la pandemia como excusa para eludir sus obligaciones en el tema de asilo.
La decisión de levantar la norma, que no se ha anunciado oficialmente, llega mientras aumenta la cantidad de migrantes que intentan cruzar la frontera. El Departamento de Seguridad Nacional informó el martes que unos 7.100 migrantes están tratando de cruzar cada día, comparado con un promedio de 5.900 en febrero.
Legisladores republicanos han expresado preocupación porque la revocación del Título 42 cause un “aumento abrumador en los cruces ilegales en la frontera sur y exacerbe la crisis”, escribieron 13 senadores del partido de oposición en una carta al Departamento de Seguridad Nacional.
Persecución a jueces y fiscales en GuatemalaEl canciller Búcaro también se refirió el jueves en declaraciones a VOA sobre las denuncias de persecución por parte del Ministerio Público de Guatemala hacia fiscales y jueces que han investigado temas de corrupción y crimen organizado.
Búcaro aseguró que en Guatemala hay “Estado de derecho [y] libertad de expresión”. El canciller dijo que el gobierno está “dando seguimiento” a los casos de los 16 exjueces y exfiscales que han buscado asilo en EE. UU.
“Estamos como gobierno llevando todos los planteamientos para garantizar el respeto a los derechos humanos”, aseguró el canciller. “Sabemos que hay un sistema de justiciar que ellos tienen diferentes garantías”, añadió.
Las declaraciones del canciller contrastan con el testimonio de los exfuncionarios judiciales y con organismos internacionales que han sonado las alarmas sobre la situación de los jueces y fiscales en Guatemala.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó preocupación por las supuestas persecuciones y los informes que “cuestionan la independencia de la Justicia y del enjuiciamiento penal en Guatemala”.
La exjueza Erika Aifán, asilada en EE. UU. y que renunció a su cargo alegando amenazas y presiones contra su independencia, dijo a la Voz de América que en Guatemala “no existen garantías del Estado de Derecho”.
Aifán fue la última jueza guatemalteca en renunciar a su cargo, después de 19 años en el Organismo Judicial, donde tuvo a su cargo el enjuiciamiento de algunos de los casos emblemáticos de corrupción, crimen organizado y delitos de alto impacto en Guatemala.
