2022-03-25
Nuevo Mundo – 96.1
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo observar con preocupación la persecución por parte del Ministerio Público (MP) de Guatemala hacia “fiscales y jueces que desempeñaron un papel destacado en los esfuerzos contra la impunidad” en ese país.El organismo “observa con preocupación los informes de acciones legales recientes” contra los impartidores de justicia, de acuerdo con un comunicado emitido por Stephane Dujarric, portavoz del secretario general, Antonio Guterres.En el documento, Dujarric reconoce la “importante contribución” de esos jueces y fiscales al sistema judicial del país durante el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), que fue clausurada en 2019, durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales.“Esta contribución ha sido constantemente reconocida por las autoridades guatemaltecas, los defensores de los derechos humanos y la comunidad internacional”, apuntó.La ONU además señala que, en medio de informes que «cuestionan la independencia de la Justicia y del enjuiciamiento penal en Guatemala», la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, pidió una visita del relator especial de la ONU.En lo que va del año, al menos 15 impartidores de justicia han huido de Guatemala hacia Estados Unidos y otros países debido a los casos abiertos contra quienes trabajaron en casos de la CICIG.La jueza anticorrupción Erika Aifán ha sido la última en presentar su dimisión y denunciar públicamente falta de garantías para la independencia judicial por parte del Estado.El martes, un día después de la salida de Aifán, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala suspendió a otro juez, Pablo Xitumul, conocido por su lucha contra la corrupción y el manejo de casos de alto perfil contra militares y exfuncionarios del gobierno.Ese mismo martes por la mañana, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei había emitido un comunicado en Twitter, diciendo que su administración estaba comprometida «con el cumplimiento del estado de derecho y con mantener a todos los miembros del poder judicial a salvo de amenazas y daños».
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo observar con preocupación la persecución por parte del Ministerio Público (MP) de Guatemala hacia “fiscales y jueces que desempeñaron un papel destacado en los esfuerzos contra la impunidad” en ese país.
El organismo “observa con preocupación los informes de acciones legales recientes” contra los impartidores de justicia, de acuerdo con un comunicado emitido por Stephane Dujarric, portavoz del secretario general, Antonio Guterres.
En el documento, Dujarric reconoce la “importante contribución” de esos jueces y fiscales al sistema judicial del país durante el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), que fue clausurada en 2019, durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales.
“Esta contribución ha sido constantemente reconocida por las autoridades guatemaltecas, los defensores de los derechos humanos y la comunidad internacional”, apuntó.
La ONU además señala que, en medio de informes que «cuestionan la independencia de la Justicia y del enjuiciamiento penal en Guatemala», la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, pidió una visita del relator especial de la ONU.
En lo que va del año, al menos 15 impartidores de justicia han huido de Guatemala hacia Estados Unidos y otros países debido a los casos abiertos contra quienes trabajaron en casos de la CICIG.
La jueza anticorrupción Erika Aifán ha sido la última en presentar su dimisión y denunciar públicamente falta de garantías para la independencia judicial por parte del Estado.
El martes, un día después de la salida de Aifán, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala suspendió a otro juez, Pablo Xitumul, conocido por su lucha contra la corrupción y el manejo de casos de alto perfil contra militares y exfuncionarios del gobierno.
Ese mismo martes por la mañana, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei había emitido un comunicado en Twitter, diciendo que su administración estaba comprometida «con el cumplimiento del estado de derecho y con mantener a todos los miembros del poder judicial a salvo de amenazas y daños».
