2022-03-22
Nuevo Mundo – 96.1
La hasta hace unas horas juez titular del Juzgado D de Mayor Riesgo en Guatemala, Erika Aifán, ha renunciado al cargo ante “amenazas y presiones en contra de su independencia e integridad”, según informó la propia magistrada, que ha pedido asilo en Estados Unidos.La exjueza Aifán dirigió por seis años uno de los cinco tribunales donde se han ventilado casos emblemáticos de corrupción contra estructuras del crimen organizado enraizadas “en todos los niveles del Estado”, según ha explicado en un video difundido en redes sociales luego de presentar por escrito su renuncia ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país centroamericano.“He decidido presentar mi renuncia al cargo porque no cuento con garantías suficientes de protección a mi vida y a mi integridad ni a la posibilidad de defenderme con el debido proceso”, asegura.La exjueza estaba bajo presión desde hacía meses, con investigaciones abiertas por el Ministerio Público de Guatemala, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras.La jurista asegura que en días recientes recibió una carta del presidente Alejandro Giammattei donde le requería información y la identidad de un testigo protegidos en un caso de corrupción que estaba a su cargo y que involucra a compañías constructoras que dieron sobornos en la campaña electoral que ganó el actual mandatario. La jueza denegó el pedido presidencial.En su carta de renuncia ante la CSJ, la exjueza resume lo que ha debido de superar para seguir en pie, en pro de la justicia.“Las presiones, amenazas y hostigamientos en mi contra, me hacen imposible continuar desempeñando este cargo sin poner en riesgo inminente mi vida, libertad e integridad, así como las de mi familia”, reza la misiva.También señala el acoso y persecución, como “vigilancia y seguimiento con vehículos sin placas de identificación, espionaje, filtración de información y sustracción de documentos de mi despacho”, agrega la carta.Luego resume su situación legal, ante la que carece de garantías. “He sido criminalizada injustificadamente con más de 100 procesos penales, cerca de 75 denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial, aproximadamente 30 Antejuicios y otras denuncias ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (…) A esto se suman campañas mediáticas de desprestigio y odio hacia mi persona, mi cargo como jueza y a mi condición de mujer, buscando con ello obstaculizar mi trabajo”, puntualiza su renuncia.Citada por la Voz de América en días recientes, Aifán dijo que “los ataques a la independencia judicial vienen tanto de factores externos a la institución como de poderes que están en la misma institución”,Según el medio digital El Faro, la jueza habría salido de Guatemala el 9 de marzo por vía terrestre hacia El Salvador -sin avisar a su equipo de guardaespaldas-, luego voló a Costa Rica y de ahí a la capital estadounidense.El gobierno afirma que sobre el “hostigamiento” señalado por la exjueza ante más de 100 procesos abiertos en su contra por la fiscalía “el Ministerio Público tiene la obligación legal de investigar toda denuncia presentada, esto bajo ninguna circunstancia puede considerarse «ataque», son las funciones que la Constitución Política de la República otorga al MP”.
La hasta hace unas horas juez titular del Juzgado D de Mayor Riesgo en Guatemala, Erika Aifán, ha renunciado al cargo ante “amenazas y presiones en contra de su independencia e integridad”, según informó la propia magistrada, que ha pedido asilo en Estados Unidos.
La exjueza Aifán dirigió por seis años uno de los cinco tribunales donde se han ventilado casos emblemáticos de corrupción contra estructuras del crimen organizado enraizadas “en todos los niveles del Estado”, según ha explicado en un video difundido en redes sociales luego de presentar por escrito su renuncia ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país centroamericano.
“He decidido presentar mi renuncia al cargo porque no cuento con garantías suficientes de protección a mi vida y a mi integridad ni a la posibilidad de defenderme con el debido proceso”, asegura.
La exjueza estaba bajo presión desde hacía meses, con investigaciones abiertas por el Ministerio Público de Guatemala, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras.
La jurista asegura que en días recientes recibió una carta del presidente Alejandro Giammattei donde le requería información y la identidad de un testigo protegidos en un caso de corrupción que estaba a su cargo y que involucra a compañías constructoras que dieron sobornos en la campaña electoral que ganó el actual mandatario. La jueza denegó el pedido presidencial.
En su carta de renuncia ante la CSJ, la exjueza resume lo que ha debido de superar para seguir en pie, en pro de la justicia.
“Las presiones, amenazas y hostigamientos en mi contra, me hacen imposible continuar desempeñando este cargo sin poner en riesgo inminente mi vida, libertad e integridad, así como las de mi familia”, reza la misiva.
También señala el acoso y persecución, como “vigilancia y seguimiento con vehículos sin placas de identificación, espionaje, filtración de información y sustracción de documentos de mi despacho”, agrega la carta.
Luego resume su situación legal, ante la que carece de garantías. “He sido criminalizada injustificadamente con más de 100 procesos penales, cerca de 75 denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial, aproximadamente 30 Antejuicios y otras denuncias ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (…) A esto se suman campañas mediáticas de desprestigio y odio hacia mi persona, mi cargo como jueza y a mi condición de mujer, buscando con ello obstaculizar mi trabajo”, puntualiza su renuncia.
Citada por la Voz de América en días recientes, Aifán dijo que “los ataques a la independencia judicial vienen tanto de factores externos a la institución como de poderes que están en la misma institución”,
Según el medio digital El Faro, la jueza habría salido de Guatemala el 9 de marzo por vía terrestre hacia El Salvador -sin avisar a su equipo de guardaespaldas-, luego voló a Costa Rica y de ahí a la capital estadounidense.
El gobierno afirma que sobre el “hostigamiento” señalado por la exjueza ante más de 100 procesos abiertos en su contra por la fiscalía “el Ministerio Público tiene la obligación legal de investigar toda denuncia presentada, esto bajo ninguna circunstancia puede considerarse «ataque», son las funciones que la Constitución Política de la República otorga al MP”.
