2021-11-08
Nuevo Mundo – 96.1
El exfiscal anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Sandoval aseguró este domingo (07.11.2021) que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) «manipula el sistema legal» con el fin de «estigmatizar» a las personas trabajadoras de la propia entidad.Sandoval -en el exilio en Estados Unidos tras su despido el pasado 23 de julio por decisión de la fiscal general del MP, Consuelo Porras- advirtió que la Fiscalía es usada por las actuales autoridades «como un instrumento para criminalizar, estigmatizar y desprestigiar a quienes hemos investigado la corrupción en el país».En un comunicado de prensa, quien fuera jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) durante los últimos siete años hasta su salida del MP, señaló además que en las últimas semanas la Fiscalía de Asuntos Internos «ha citado a varios operadores de justicia para que rindan declaración sobre supuestas actividades ilícitas cometidas por personal que labora y que ejerció funciones en la FECI».También, en contra de quienes trabajaron en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad de Naciones Unidas independiente del Gobierno que solicitó el Estado guatemalteco y que permaneció en la nación centroamericana entre 2006 y 2019, cuando el polémico expresidente Jimmy Morales decidió no renovar el mandato de la Comisión.Las comparecencias ante la Fiscalía de Asuntos Internos han sido bajo «procesos intimidatorios», con el fin de que «los citados consientan que formaron parte de una estructura criminal ficticia», «a cambio de recibir beneficios procesales», agregó Sandoval. De esta manera, continuó, «se está implantando prueba con el propósito de perjudicar a quienes hoy somos considerados enemigos de la fiscal general (Consuelo Porras)».Según Sandoval, el MP de Porras ha efectuado «manipulación del sistema de legalidad con apariencia de legalidad», así como «abuso de derecho para dañar la reputación de los actores que hemos trabajado para enfrentar la impunidad»; «promoción de denuncias para desacreditamiento», o bloqueos para usar los procedimientos «en defensa de nuestros derechos», entre otras acciones.¿Qué dice la Fiscalía de Guatemala?Ante esto, el portavoz del MP, Juan Luis Pantaleón aseguró que la institución «actúa siempre de conformidad con la ley y en cumplimiento a su mandato legal y constitucional» y añadió que «el sistema legal establece los mecanismos respectivos para ejercer su derecho de defensa y plantear cualquier inconformidad», por lo que rechazó «categóricamente lo manifestado por el señor Juan Francisco Sandoval», a quien le exhortó a «respetar la ley y presentarse ante el órgano jurisdiccional correspondiente a solventar su situación jurídica».Sandoval, de 38 años, fue pieza clave para la lucha anticorrupción en Guatemala que tuvo su gran auge entre 2014 y 2019 de la mano de la exfiscal general (2014-2018) Thelma Aldana y también del director de CICIG, el abogado colombiano Iván Velásquez. Entre los tres abogados imputaron por corrupción a más de 250 personas entre congresistas, ministros, empresarios de élite y a expresidentes y presidentes.
El exfiscal anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Sandoval aseguró este domingo (07.11.2021) que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) «manipula el sistema legal» con el fin de «estigmatizar» a las personas trabajadoras de la propia entidad.
Sandoval -en el exilio en Estados Unidos tras su despido el pasado 23 de julio por decisión de la fiscal general del MP, Consuelo Porras- advirtió que la Fiscalía es usada por las actuales autoridades «como un instrumento para criminalizar, estigmatizar y desprestigiar a quienes hemos investigado la corrupción en el país».
En un comunicado de prensa, quien fuera jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) durante los últimos siete años hasta su salida del MP, señaló además que en las últimas semanas la Fiscalía de Asuntos Internos «ha citado a varios operadores de justicia para que rindan declaración sobre supuestas actividades ilícitas cometidas por personal que labora y que ejerció funciones en la FECI».
También, en contra de quienes trabajaron en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad de Naciones Unidas independiente del Gobierno que solicitó el Estado guatemalteco y que permaneció en la nación centroamericana entre 2006 y 2019, cuando el polémico expresidente Jimmy Morales decidió no renovar el mandato de la Comisión.
Las comparecencias ante la Fiscalía de Asuntos Internos han sido bajo «procesos intimidatorios», con el fin de que «los citados consientan que formaron parte de una estructura criminal ficticia», «a cambio de recibir beneficios procesales», agregó Sandoval. De esta manera, continuó, «se está implantando prueba con el propósito de perjudicar a quienes hoy somos considerados enemigos de la fiscal general (Consuelo Porras)».
Según Sandoval, el MP de Porras ha efectuado «manipulación del sistema de legalidad con apariencia de legalidad», así como «abuso de derecho para dañar la reputación de los actores que hemos trabajado para enfrentar la impunidad»; «promoción de denuncias para desacreditamiento», o bloqueos para usar los procedimientos «en defensa de nuestros derechos», entre otras acciones.
¿Qué dice la Fiscalía de Guatemala?Ante esto, el portavoz del MP, Juan Luis Pantaleón aseguró que la institución «actúa siempre de conformidad con la ley y en cumplimiento a su mandato legal y constitucional» y añadió que «el sistema legal establece los mecanismos respectivos para ejercer su derecho de defensa y plantear cualquier inconformidad», por lo que rechazó «categóricamente lo manifestado por el señor Juan Francisco Sandoval», a quien le exhortó a «respetar la ley y presentarse ante el órgano jurisdiccional correspondiente a solventar su situación jurídica».
Sandoval, de 38 años, fue pieza clave para la lucha anticorrupción en Guatemala que tuvo su gran auge entre 2014 y 2019 de la mano de la exfiscal general (2014-2018) Thelma Aldana y también del director de CICIG, el abogado colombiano Iván Velásquez. Entre los tres abogados imputaron por corrupción a más de 250 personas entre congresistas, ministros, empresarios de élite y a expresidentes y presidentes.
