2021-09-21
Nuevo Mundo – 96.1
La Fundación Internacional de Derechos Humanos (IHRF, por sus siglas en inglés) pidió este lunes (20.09.2021) al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tener en cuenta «la responsabilidad institucional del cargo para el que fue elegido» luego de que el mandatario cambiara su biografía en la red social Twitter para describirse como «dictador de El Salvador».»La memoria histórica y el respeto a las víctimas de las dictaduras deberían hacerle reflexionar sobre la seriedad en la comunicación presidencial», dijo la IHRF en una publicación.La noche del 19 de septiembre, Bukele -quien anteriormente se identificaba como «Presidente de El Salvador» o «Papá de Layla»- cambió el contenido de su biografía sin que ninguna instancia gubernamental haya denunciado la usurpación o vulneración de la cuenta verificada @nayibbukele.En repetidas ocasiones, el mandatario ha negado que en El Salvador exista una dictadura ente las críticas de diversos sectores que denuncian una supuesta deriva «autoritaria». El pasado 15 de septiembre, miles de personas salvadoreñas protestaron en la capital contra el mandatario con diversas pancartas y consignas en las que lo acusaban de ser un «dictador». El presidente criticó en un mensaje a la nación la protesta e indicó que «fueron a luchar contra una dictadura que no existe.»Nuevas denuncias contra el Ejecutivo salvadoreñoEn tanto, el juez salvadoreño Juan Antonio Durán denunció mediante una publicación en Twitter que militares supuestamente montaron una vigilancia irregular en la zona en la que vive. «Por este medio denuncio ante el pueblo salvadoreño y la comunidad internacional el acoso de la Policía Militar y Policía Nacional Civil que está afuera de mi casa», escribió el juez. Ante esto, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, aseguró recibir la denuncia con «alarma» y afirmó que «la comunidad internacional no puede ser pasiva y debe levantar su voz ante estos ataques.»Durán fue el encargado de comunicar a la prensa el 17 de septiembre de la presentación de una demanda internacional contra el Estado salvadoreño por una reforma legal que fue aprobada por el Congreso y firmada por el presidente con la que se cesará a jueces sexagenarios. Sostuvo que la demanda se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la «violación a la independencia judicial».Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó este lunes las «amenazas» supuestamente hechas por uno de los asesores jurídicos del Gobierno «contra GatoEncerrado para que revele sus fuentes, al violentar leyes locales, tratados, convenios internacionales y jurisprudencia», publicó la organización en su cuenta de Twitter en español.Javier Argueta advirtió en la misma red: «Señores GatoEncerrado si su fuente ´anónima´ no la exhiben, cuidado con las infracciones en las que caerán». El medio digital publicó, citando fuentes que pidieron el anonimato, que Argueta supuestamente se reunió con varios magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para valorar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de habilitar la reelección presidencial inmediata horas antes que se diera a conocer la resolución.La Mesa de Protección a Periodistas, formada por cinco organizaciones, señaló también este lunes en una conferencia de prensa que «los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes». De acuerdo con César Castro Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, la legislación penal y de derecho a respuesta señalan que quienes ejercen periodismo podrán abstenerse de revelar sus fuentes a las autoridades.
La Fundación Internacional de Derechos Humanos (IHRF, por sus siglas en inglés) pidió este lunes (20.09.2021) al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tener en cuenta «la responsabilidad institucional del cargo para el que fue elegido» luego de que el mandatario cambiara su biografía en la red social Twitter para describirse como «dictador de El Salvador».
«La memoria histórica y el respeto a las víctimas de las dictaduras deberían hacerle reflexionar sobre la seriedad en la comunicación presidencial», dijo la IHRF en una publicación.
La noche del 19 de septiembre, Bukele -quien anteriormente se identificaba como «Presidente de El Salvador» o «Papá de Layla»- cambió el contenido de su biografía sin que ninguna instancia gubernamental haya denunciado la usurpación o vulneración de la cuenta verificada @nayibbukele.
En repetidas ocasiones, el mandatario ha negado que en El Salvador exista una dictadura ente las críticas de diversos sectores que denuncian una supuesta deriva «autoritaria». El pasado 15 de septiembre, miles de personas salvadoreñas protestaron en la capital contra el mandatario con diversas pancartas y consignas en las que lo acusaban de ser un «dictador». El presidente criticó en un mensaje a la nación la protesta e indicó que «fueron a luchar contra una dictadura que no existe.»
Nuevas denuncias contra el Ejecutivo salvadoreño
En tanto, el juez salvadoreño Juan Antonio Durán denunció mediante una publicación en Twitter que militares supuestamente montaron una vigilancia irregular en la zona en la que vive. «Por este medio denuncio ante el pueblo salvadoreño y la comunidad internacional el acoso de la Policía Militar y Policía Nacional Civil que está afuera de mi casa», escribió el juez. Ante esto, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, aseguró recibir la denuncia con «alarma» y afirmó que «la comunidad internacional no puede ser pasiva y debe levantar su voz ante estos ataques.»
Durán fue el encargado de comunicar a la prensa el 17 de septiembre de la presentación de una demanda internacional contra el Estado salvadoreño por una reforma legal que fue aprobada por el Congreso y firmada por el presidente con la que se cesará a jueces sexagenarios. Sostuvo que la demanda se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la «violación a la independencia judicial».
Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó este lunes las «amenazas» supuestamente hechas por uno de los asesores jurídicos del Gobierno «contra GatoEncerrado para que revele sus fuentes, al violentar leyes locales, tratados, convenios internacionales y jurisprudencia», publicó la organización en su cuenta de Twitter en español.
Javier Argueta advirtió en la misma red: «Señores GatoEncerrado si su fuente ´anónima´ no la exhiben, cuidado con las infracciones en las que caerán». El medio digital publicó, citando fuentes que pidieron el anonimato, que Argueta supuestamente se reunió con varios magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para valorar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de habilitar la reelección presidencial inmediata horas antes que se diera a conocer la resolución.
La Mesa de Protección a Periodistas, formada por cinco organizaciones, señaló también este lunes en una conferencia de prensa que «los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes». De acuerdo con César Castro Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, la legislación penal y de derecho a respuesta señalan que quienes ejercen periodismo podrán abstenerse de revelar sus fuentes a las autoridades.
