2024-11-26
Nuevo Mundo – 96.1
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso este martes (26.11.2024), a través de unas reformas legales, denegar el ingreso al país de personas, incluyendo ciudadanos nicaragüenses, «que puedan menoscabar la soberanía nacional o representen un riesgo social».También imponer una pena de dos a seis años de prisión a la persona que ingrese al país, salga o pretenda salir de Nicaragua, de forma no regular, «con fines de menoscabar la integridad, la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación, comprometer la paz, alterar el orden constitucional, fomentar o provocar, conspirar e proponer, inducir a actos terroristas de desestabilización económica y social del país».Ortega elevó esas peticiones en una iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley General de Migración y Extranjería; y de adición al Código Penal de la República de Nicaragua, que envió para su aprobación a la Asamblea Nacional (Parlamento), donde los aliados, los sandinistas, tienen mayoría absoluta.»Es decisión soberana del Estado de Nicaragua, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, autorizar o denegar el ingreso, revocar la permanencia, cancelar la residencia o la nacionalidad nicaragüense adquirida», sostuvo Ortega en el proyecto.Es decir, será discreción de Migración y Extranjería decidir quién entra y quién sale de Nicaragua. Podrán denegar visas a ciudadanos de otras nacionalidadesEn su exposición de motivos, Ortega, quien se encuentra en el poder desde 2007, dijo que el Ministerio del Interior, a través de Migración y Extranjería, garantizará la entrada y salida de ciudadanos nacionales y de otras nacionalidades de manera ordenada, regulada y segura, «respetando su dignidad y derechos humanos».En el artículo 10, punto número 11, establece que Migración y Extranjería está facultada para autorizar o denegar las visas de entrada al territorio nacional a ciudadanos de otras nacionalidades.Y en el punto número 12, del artículo 10, establece que esa entidad está autorizada para denegar el ingreso al país de personas que puedan menoscabar la soberanía nacional o representen un riesgo social.Además, tendrá facultad de otorgar, denegar o cancelar las prórrogas de estancia y residencia a los ciudadanos de otras nacionalidades; y conocer y resolver el otorgamiento, pérdida y recuperación de la nacionalidad nicaragüense adquirida.Prisión por evasión de control fronterizoEn su artículo 318 establece que comete el delito de evasión de control fronterizo quien ingrese, salga o pretenda salir del territorio nacional, de forma no regular, evadiendo los controles migratorios de los puestos fronterizos o por cualquier punto no habilitado, con fines de menoscabar la integridad, la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación, y será sancionado con prisión de dos a seis años.La ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más ha denunciado que han documentado 111 casos de apatridia de facto de nicaragüenses, que es cuando una persona, a pesar de figurar como nacional de un Estado según su legislación, no puede disfrutar de los derechos y la protección asociados a dicha nacionalidad.Entre los grupos más afectados están personas religiosas, periodistas, defensores de derechos humanos, empresarios, feministas, músicos, y políticos opositores, según ese organismo.Ortega propuso la semana pasada una reforma profunda a la Constitución, aprobada ya por el Legislativo en primera lectura, que establece que el pueblo ejerce el poder del Estado a través de la Presidencia, la cual contará con un copresidente y una copresidenta que ejercerán sus funciones por un período de 6 años, y podrán nombrar vicepresidentes sin ser elegidos por el voto popular, entre otros.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso este martes (26.11.2024), a través de unas reformas legales, denegar el ingreso al país de personas, incluyendo ciudadanos nicaragüenses, «que puedan menoscabar la soberanía nacional o representen un riesgo social».
También imponer una pena de dos a seis años de prisión a la persona que ingrese al país, salga o pretenda salir de Nicaragua, de forma no regular, «con fines de menoscabar la integridad, la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación, comprometer la paz, alterar el orden constitucional, fomentar o provocar, conspirar e proponer, inducir a actos terroristas de desestabilización económica y social del país».
Ortega elevó esas peticiones en una iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley General de Migración y Extranjería; y de adición al Código Penal de la República de Nicaragua, que envió para su aprobación a la Asamblea Nacional (Parlamento), donde los aliados, los sandinistas, tienen mayoría absoluta.
«Es decisión soberana del Estado de Nicaragua, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, autorizar o denegar el ingreso, revocar la permanencia, cancelar la residencia o la nacionalidad nicaragüense adquirida», sostuvo Ortega en el proyecto.
Es decir, será discreción de Migración y Extranjería decidir quién entra y quién sale de Nicaragua. Podrán denegar visas a ciudadanos de otras nacionalidades
En su exposición de motivos, Ortega, quien se encuentra en el poder desde 2007, dijo que el Ministerio del Interior, a través de Migración y Extranjería, garantizará la entrada y salida de ciudadanos nacionales y de otras nacionalidades de manera ordenada, regulada y segura, «respetando su dignidad y derechos humanos».
En el artículo 10, punto número 11, establece que Migración y Extranjería está facultada para autorizar o denegar las visas de entrada al territorio nacional a ciudadanos de otras nacionalidades.
Y en el punto número 12, del artículo 10, establece que esa entidad está autorizada para denegar el ingreso al país de personas que puedan menoscabar la soberanía nacional o representen un riesgo social.
Además, tendrá facultad de otorgar, denegar o cancelar las prórrogas de estancia y residencia a los ciudadanos de otras nacionalidades; y conocer y resolver el otorgamiento, pérdida y recuperación de la nacionalidad nicaragüense adquirida.
En su artículo 318 establece que comete el delito de evasión de control fronterizo quien ingrese, salga o pretenda salir del territorio nacional, de forma no regular, evadiendo los controles migratorios de los puestos fronterizos o por cualquier punto no habilitado, con fines de menoscabar la integridad, la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación, y será sancionado con prisión de dos a seis años.
La ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más ha denunciado que han documentado 111 casos de apatridia de facto de nicaragüenses, que es cuando una persona, a pesar de figurar como nacional de un Estado según su legislación, no puede disfrutar de los derechos y la protección asociados a dicha nacionalidad.
Entre los grupos más afectados están personas religiosas, periodistas, defensores de derechos humanos, empresarios, feministas, músicos, y políticos opositores, según ese organismo.
Ortega propuso la semana pasada una reforma profunda a la Constitución, aprobada ya por el Legislativo en primera lectura, que establece que el pueblo ejerce el poder del Estado a través de la Presidencia, la cual contará con un copresidente y una copresidenta que ejercerán sus funciones por un período de 6 años, y podrán nombrar vicepresidentes sin ser elegidos por el voto popular, entre otros.
