2024-11-20
Nuevo Mundo – 96.1
El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso una reforma constitucional que eleva a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a la figura de «copresidenta» y aumenta su control sobre la sociedad, según una iniciativa enviada al Parlamento y a la que tuvieron acceso medios el miércoles (20.11.2023).La propuesta, que aumenta el período presidencial de cinco a seis años, fue enviada a la Asamblea Nacional, bajo control del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) por lo que quedaría aprobada sin problema el próximo viernes, según dijo el titular de la Cámara, Gustavo Porras.»La presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta», que se designarán en elecciones que se celebrarán «cada seis años», no cinco como actualmente, de acuerdo con el texto.Sepulta independencia de poderesLa iniciativa también establece que el Ejecutivo «coordina» a los demás poderes del Estado (Judicial, Legislativo y Electoral) y entes públicos, y que la Presidencia podrá ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera.Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y está en el poder desde 2007, es señalado por Estados Unidos, la Unión Europa y países de América Latina de instaurar una autocracia en el país y de de cometer «crímenes de lesa humanidad».Más control sobre medios e iglesiaLa propuesta establece controles para los medios y la Iglesia para que no respondan a «intereses extranjeros», y en el caso de las entidades económicas para que no apliquen las sanciones como las que ha impuesto Estados Unidos.»El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas», subraya. Además, «al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público, agrega el texto.Ortega y su poderosa esposa acusan a la Iglesia, periodistas y oenegés de haber apoyado las protestas de 2018 que dejaron más de 300 muertos, según la ONU, y que ellos consideran un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.Legalizan fuerza parapolicialUn total de 278 periodistas han salido al exilio y ejercen su profesión desde Costa Rica, Estados Unidos y otros países, en tanto que medio centenar de religiosos fueron expulsados, principalmente al Vaticano.En la reforma, el gobierno propone la creación de una «Policía Voluntaria», integrada por civiles, como «cuerpo auxiliar y de apoyo» a las fuerzas de seguridad.Durante las masivas protestas de 2018, centenares de hombres encapuchados y fuertemente armados intervinieron para disolver las trincheras que montaron universitarios y controlar a los manifestantes. La oposición denunció que eran fuerzas «parapoliciales» y Ortega alegó que eran «policías voluntarios».Según la propuesta, Nicaragua se define como un Estado «revolucionario» e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del FSLN.OEA «rechaza y repudia»La Organización de los Estados Americanos (OEA) acusó este mismo miércoles a Ortega de intentar incrementar su control en Nicaragua y perpetuarse en el poderl.»La OEA rechaza y repudia la iniciativa de ´ley de reforma´ de la Constitución presentada por el dictador nicaragüense Daniel Ortega. A través de estas modificaciones a la norma fundamental, Ortega y sus aliados buscan incrementar su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder», apuntó en un comunicado la institución.Según la OEA, la reforma constitucional número 12 desde la llegada de Ortega al poder en 2007 es «ilegítima en la forma y el contenido», «constituye meramente una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial en el país centroamericano y es una agresión definitiva al Estado de Derecho Democrático».
El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso una reforma constitucional que eleva a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a la figura de «copresidenta» y aumenta su control sobre la sociedad, según una iniciativa enviada al Parlamento y a la que tuvieron acceso medios el miércoles (20.11.2023).
La propuesta, que aumenta el período presidencial de cinco a seis años, fue enviada a la Asamblea Nacional, bajo control del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) por lo que quedaría aprobada sin problema el próximo viernes, según dijo el titular de la Cámara, Gustavo Porras.
«La presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta», que se designarán en elecciones que se celebrarán «cada seis años», no cinco como actualmente, de acuerdo con el texto.
La iniciativa también establece que el Ejecutivo «coordina» a los demás poderes del Estado (Judicial, Legislativo y Electoral) y entes públicos, y que la Presidencia podrá ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y está en el poder desde 2007, es señalado por Estados Unidos, la Unión Europa y países de América Latina de instaurar una autocracia en el país y de de cometer «crímenes de lesa humanidad».
La propuesta establece controles para los medios y la Iglesia para que no respondan a «intereses extranjeros», y en el caso de las entidades económicas para que no apliquen las sanciones como las que ha impuesto Estados Unidos.
«El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas», subraya. Además, «al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público, agrega el texto.
Ortega y su poderosa esposa acusan a la Iglesia, periodistas y oenegés de haber apoyado las protestas de 2018 que dejaron más de 300 muertos, según la ONU, y que ellos consideran un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Un total de 278 periodistas han salido al exilio y ejercen su profesión desde Costa Rica, Estados Unidos y otros países, en tanto que medio centenar de religiosos fueron expulsados, principalmente al Vaticano.
En la reforma, el gobierno propone la creación de una «Policía Voluntaria», integrada por civiles, como «cuerpo auxiliar y de apoyo» a las fuerzas de seguridad.
Durante las masivas protestas de 2018, centenares de hombres encapuchados y fuertemente armados intervinieron para disolver las trincheras que montaron universitarios y controlar a los manifestantes. La oposición denunció que eran fuerzas «parapoliciales» y Ortega alegó que eran «policías voluntarios».
Según la propuesta, Nicaragua se define como un Estado «revolucionario» e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del FSLN.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) acusó este mismo miércoles a Ortega de intentar incrementar su control en Nicaragua y perpetuarse en el poderl.
«La OEA rechaza y repudia la iniciativa de ´ley de reforma´ de la Constitución presentada por el dictador nicaragüense Daniel Ortega. A través de estas modificaciones a la norma fundamental, Ortega y sus aliados buscan incrementar su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder», apuntó en un comunicado la institución.
Según la OEA, la reforma constitucional número 12 desde la llegada de Ortega al poder en 2007 es «ilegítima en la forma y el contenido», «constituye meramente una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial en el país centroamericano y es una agresión definitiva al Estado de Derecho Democrático».
