2024-08-22
Nuevo Mundo – 96.1
«La represión en Venezuela está funcionado, la gente tiene muchísimo miedo. En el marco de la Operación Tun Tun llegan a las casas funcionarios del Estado y de la fuerza pública; sin orden judicial se llevan a las personas por -de una u otra manera- haberse manifestado en contra del supuesto triunfo electoral del actual Gobierno. Las entradas de los centros de detención están llenas de familiares buscando a su gente, pidiendo una prueba de vida», cuenta a DW María Pía Alvira, jefa regional para América Latina de la organización Civil Rights Defenders.Este observatorio internacional es una de las 25 organizaciones firmantes de un llamado a la comunidad internacional a prestar atención y apoyo a las víctimas de la grave crisis de derechos humanos que se suma a la crisis política en Venezuela.¿Dónde y cómo están los detenidos?»Es difícil precisar dónde o cómo están. A los detenidos se los ha mantenido incomunicados y no han podido hablar ni con sus familiares ni con sus abogados de confianza», explica a DW Gonzalo Himiob, director de la organización Foro Penal.Esta organización de derechos humanos -que ofrece asistencia jurídica pro bono a detenidos arbitrariamente- contabiliza, a partir del 28 de julio, 1.503 detenidos. Estas cifras no coinciden con las que circula el propio Nicolás Maduro, quien habla de más de dos mil.»Efectivamente, no coinciden ni siquiera con las que da el propio Ministerio Público. Con esas cifras, el señor Maduro intenta magnificar lo que lo que ya es bastante grave, ciertamente, pero que no ha llegado a esos extremos. La voluntad es ejercer una acción intimidatoria que neutralice a las personas que quieran salir a protestar», explica Himiob. Las cifras que maneja Foro Penal provienen de su investigación en los centros de detención y de denuncias.»Por lo poco que hemos podido indagar a través de familiares, sabemos que los detenidos han sido trasladados: un grupo importante de mujeres al INOF (Instituto Nacional de Orientación Femenina) y a las Crisálidas en Los Teques; los adultos a cárceles nacionales y los adolescentes a centros de retención en diferentes estados», precisa el director de Foro Penal.»Pero no hay información oficial ni comunicación. Les han asignado un empleado del Estado para su defensa», subraya Himiob, apuntando a otra grave irregularidad: la violación del derecho a la defensa y al debido proceso. En la base de estas detenciones está el desconocimiento del derecho a la libre expresión, la circulación y manifestación.¿De qué se les acusa?»Es muy difícil saber de qué se les está acusando. No obstante, el mismo Ministerio Público anunció, en los primeros días de las manifestaciones, que los que participaran en protestas iban a ser imputados de terrorismo, instigación al odio, traición a la patria y obstaculización de vías públicas», puntualiza el director de Foro Penal, organización que funciona con una red de abogados voluntarios.»Están utilizando también otro instrumento de castigo: la anulación de los pasaportes, sin notificación. Tanto a venezolanos en el exilio como a los que están aún en el país», cuenta María Pía Alvira. El alcance de este mecanismo de control social sobre las personas que se han pronunciado o que han colaborado en las elecciones representando a la oposición es inmenso. «No pueden volver, no pueden salir, no pueden circular», ilustra la directiva de Civil Rights Defenders.Sin documentación, sin defensaEn esta situación de indefensión, el llamado a los países que acogen venezolanos es a prestarles apoyo. También a tener en cuenta que, con la recién aprobada «Ley Anti-ONG», las organizaciones defensoras podrían ser ilegalizadas. «Esto es una barrera más para la defensa de los derechos dentro del país», alerta Alvira, añadiendo que, por ejemplo, para acceder a fondos de la Unión Europea, consciente de la «grave crisis» del país, se necesita un registro nacional que pronto podría ser imposible.»Nuestro llamado es a que la comunidad internacional tenga en cuenta que a la crisis política se suma una grave crisis de derechos humanos; se necesita solidaridad con la sociedad civil de Venezuela», concluye.
«La represión en Venezuela está funcionado, la gente tiene muchísimo miedo. En el marco de la Operación Tun Tun llegan a las casas funcionarios del Estado y de la fuerza pública; sin orden judicial se llevan a las personas por -de una u otra manera- haberse manifestado en contra del supuesto triunfo electoral del actual Gobierno. Las entradas de los centros de detención están llenas de familiares buscando a su gente, pidiendo una prueba de vida», cuenta a DW María Pía Alvira, jefa regional para América Latina de la organización Civil Rights Defenders.
Este observatorio internacional es una de las 25 organizaciones firmantes de un llamado a la comunidad internacional a prestar atención y apoyo a las víctimas de la grave crisis de derechos humanos que se suma a la crisis política en Venezuela.
¿Dónde y cómo están los detenidos?»Es difícil precisar dónde o cómo están. A los detenidos se los ha mantenido incomunicados y no han podido hablar ni con sus familiares ni con sus abogados de confianza», explica a DW Gonzalo Himiob, director de la organización Foro Penal.
Esta organización de derechos humanos -que ofrece asistencia jurídica pro bono a detenidos arbitrariamente- contabiliza, a partir del 28 de julio, 1.503 detenidos. Estas cifras no coinciden con las que circula el propio Nicolás Maduro, quien habla de más de dos mil.
«Efectivamente, no coinciden ni siquiera con las que da el propio Ministerio Público. Con esas cifras, el señor Maduro intenta magnificar lo que lo que ya es bastante grave, ciertamente, pero que no ha llegado a esos extremos. La voluntad es ejercer una acción intimidatoria que neutralice a las personas que quieran salir a protestar», explica Himiob. Las cifras que maneja Foro Penal provienen de su investigación en los centros de detención y de denuncias.
«Por lo poco que hemos podido indagar a través de familiares, sabemos que los detenidos han sido trasladados: un grupo importante de mujeres al INOF (Instituto Nacional de Orientación Femenina) y a las Crisálidas en Los Teques; los adultos a cárceles nacionales y los adolescentes a centros de retención en diferentes estados», precisa el director de Foro Penal.
«Pero no hay información oficial ni comunicación. Les han asignado un empleado del Estado para su defensa», subraya Himiob, apuntando a otra grave irregularidad: la violación del derecho a la defensa y al debido proceso. En la base de estas detenciones está el desconocimiento del derecho a la libre expresión, la circulación y manifestación.
«Es muy difícil saber de qué se les está acusando. No obstante, el mismo Ministerio Público anunció, en los primeros días de las manifestaciones, que los que participaran en protestas iban a ser imputados de terrorismo, instigación al odio, traición a la patria y obstaculización de vías públicas», puntualiza el director de Foro Penal, organización que funciona con una red de abogados voluntarios.
«Están utilizando también otro instrumento de castigo: la anulación de los pasaportes, sin notificación. Tanto a venezolanos en el exilio como a los que están aún en el país», cuenta María Pía Alvira. El alcance de este mecanismo de control social sobre las personas que se han pronunciado o que han colaborado en las elecciones representando a la oposición es inmenso. «No pueden volver, no pueden salir, no pueden circular», ilustra la directiva de Civil Rights Defenders.
En esta situación de indefensión, el llamado a los países que acogen venezolanos es a prestarles apoyo. También a tener en cuenta que, con la recién aprobada «Ley Anti-ONG», las organizaciones defensoras podrían ser ilegalizadas. «Esto es una barrera más para la defensa de los derechos dentro del país», alerta Alvira, añadiendo que, por ejemplo, para acceder a fondos de la Unión Europea, consciente de la «grave crisis» del país, se necesita un registro nacional que pronto podría ser imposible.
«Nuestro llamado es a que la comunidad internacional tenga en cuenta que a la crisis política se suma una grave crisis de derechos humanos; se necesita solidaridad con la sociedad civil de Venezuela», concluye.
