2024-07-25
Nuevo Mundo – 96.1
Organizaciones ambientalistas salvadoreñas pidieron este miércoles (24.07.2024) al Estado de El Salvador que impulse un acuerdo regional con Guatemala y Honduras para proteger la cuenca del río Lempa, el más largo de Centroamérica.Jessica González, del movimiento Ecofeminista de El Salvador y miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería, aseguró en una conferencia de prensa que el río Lempa «está en gravísimo peligro» por el proyecto minero Cerro Blanco, que contaminaría las aguas de este torrente.El proyecto de la mina de oro a cielo abierto es impulsado por la empresa canadiense Bluestone Resources en Jutiapa, Guatemala, cerca de la frontera con El Salvador. Para González, «el Estado salvadoreño debería estar encaminando sus esfuerzos para generar condiciones ‘hidro-diplomáticas´ con Guatemala y Honduras para un acuerdo regional que proteja a las cuencas compartidas».La canciller de El Salvador, Alexandra Hill, expresó en enero de 2024 al embajador de Guatemala, Rubén Estuardo Nájera, su preocupación por la autorización del proyecto minero Cerro Blanco, ya que la mina se encuentra a 15 kilómetros de la frontera con El Salvador.Por 24 años, la intención de extraer oro y plata bajo el método subterráneo no tuvo éxito. Por ello, la empresa a cargo tramitó en 2017 un nuevo permiso de explotación, esta vez mediante el método a cielo abierto. Cinco días antes de terminar su mandato, el Gobierno de Alejandro Giammattei autorizó ese tipo de explotación, algo que el Ejecutivo de Bernardo Arévalo analiza.El agua del río Lempa es utilizada, principalmente, para el riego de cultivos agrícolas y la generación de energía eléctrica. La cuenca trinacional de ese río posee un área total de 17.790 kilómetros cuadrados de los cuales 10.082 kilómetros cuadrados corresponden a El Salvador, 5.251 a Honduras y 2.457 a Guatemala.Alertan del posible regreso de la minería metálica a El SalvadorAdemás, la Mesa Nacional Frente a la Minería compartió su preocupación por la «posibilidad» de que regrese «la explotación de la minería metálica» y alertó de la «probable» derogación de una ley que prohíbe esta práctica desde 2017.»Estamos ante la presencia inminente, de nuevo, de la minería metálica. Lo hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. Desde el 2021, venimos poniendo en alerta al pueblo salvadoreño de intentos de revertir la ley que prohíbe la minería metálica», afirmó en la misma conferencia de prensa Vidalina Morales, ambientalista y líder social. Morales agregó que, de acuerdo con investigaciones periodistas, «hay presencia de empresas mineras en el país y el Estado está viendo la posibilidad de hacer que la minería vuelva».Pedro Cabezas, de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, dijo por su parte que organizaciones ambientalistas tienen el conocimiento que «empresas mineras de Estados Unidos, vinculadas a empresas locales y a bancos hondureños, están tratando de establecerse en nuestras tierras para realizar actividades de explotación minera».En marzo de 2017, el Congreso salvadoreño aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica por considerarla «una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias».
Organizaciones ambientalistas salvadoreñas pidieron este miércoles (24.07.2024) al Estado de El Salvador que impulse un acuerdo regional con Guatemala y Honduras para proteger la cuenca del río Lempa, el más largo de Centroamérica.
Jessica González, del movimiento Ecofeminista de El Salvador y miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería, aseguró en una conferencia de prensa que el río Lempa «está en gravísimo peligro» por el proyecto minero Cerro Blanco, que contaminaría las aguas de este torrente.
El proyecto de la mina de oro a cielo abierto es impulsado por la empresa canadiense Bluestone Resources en Jutiapa, Guatemala, cerca de la frontera con El Salvador. Para González, «el Estado salvadoreño debería estar encaminando sus esfuerzos para generar condiciones ‘hidro-diplomáticas´ con Guatemala y Honduras para un acuerdo regional que proteja a las cuencas compartidas».
La canciller de El Salvador, Alexandra Hill, expresó en enero de 2024 al embajador de Guatemala, Rubén Estuardo Nájera, su preocupación por la autorización del proyecto minero Cerro Blanco, ya que la mina se encuentra a 15 kilómetros de la frontera con El Salvador.
Por 24 años, la intención de extraer oro y plata bajo el método subterráneo no tuvo éxito. Por ello, la empresa a cargo tramitó en 2017 un nuevo permiso de explotación, esta vez mediante el método a cielo abierto. Cinco días antes de terminar su mandato, el Gobierno de Alejandro Giammattei autorizó ese tipo de explotación, algo que el Ejecutivo de Bernardo Arévalo analiza.
El agua del río Lempa es utilizada, principalmente, para el riego de cultivos agrícolas y la generación de energía eléctrica. La cuenca trinacional de ese río posee un área total de 17.790 kilómetros cuadrados de los cuales 10.082 kilómetros cuadrados corresponden a El Salvador, 5.251 a Honduras y 2.457 a Guatemala.
Además, la Mesa Nacional Frente a la Minería compartió su preocupación por la «posibilidad» de que regrese «la explotación de la minería metálica» y alertó de la «probable» derogación de una ley que prohíbe esta práctica desde 2017.
«Estamos ante la presencia inminente, de nuevo, de la minería metálica. Lo hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. Desde el 2021, venimos poniendo en alerta al pueblo salvadoreño de intentos de revertir la ley que prohíbe la minería metálica», afirmó en la misma conferencia de prensa Vidalina Morales, ambientalista y líder social. Morales agregó que, de acuerdo con investigaciones periodistas, «hay presencia de empresas mineras en el país y el Estado está viendo la posibilidad de hacer que la minería vuelva».
Pedro Cabezas, de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, dijo por su parte que organizaciones ambientalistas tienen el conocimiento que «empresas mineras de Estados Unidos, vinculadas a empresas locales y a bancos hondureños, están tratando de establecerse en nuestras tierras para realizar actividades de explotación minera».
En marzo de 2017, el Congreso salvadoreño aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica por considerarla «una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias».
