2024-04-08
Nuevo Mundo – 96.1
El Gobierno de Guatemala presenta una acción ante la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre la fiscal general Consuelo Porras, planteando inquietudes sobre su honorabilidad y compromiso con la lucha contra la corrupción. La solicitud, presentada por el secretario general de la Presidencia, responde a la falta de respuesta de Porras a las convocatorias del presidente Bernardo Arévalo.El secretario general, en nombre del presidente, plantea una opinión consultiva ante la CC, cuestionando la actuación de la jefa del Ministerio Público. Según el Ejecutivo, Porras ha permitido actos que comprometen la integridad y el orden constitucional del país, como la supuesta ignorancia de casos de corrupción, incluida la compra de vacunas Sputnik V.Se señala que Porras ha sido acusada de permitir que los fiscales manipulen y «manoseen» votos ciudadanos, lo que pone en duda la legitimidad de las elecciones generales. Esta acción se toma en medio de crecientes tensiones entre el Gobierno y la fiscalía en torno a temas de corrupción y rendición de cuentas.
El Gobierno de Guatemala presenta una acción ante la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre la fiscal general Consuelo Porras, planteando inquietudes sobre su honorabilidad y compromiso con la lucha contra la corrupción. La solicitud, presentada por el secretario general de la Presidencia, responde a la falta de respuesta de Porras a las convocatorias del presidente Bernardo Arévalo.
El secretario general, en nombre del presidente, plantea una opinión consultiva ante la CC, cuestionando la actuación de la jefa del Ministerio Público. Según el Ejecutivo, Porras ha permitido actos que comprometen la integridad y el orden constitucional del país, como la supuesta ignorancia de casos de corrupción, incluida la compra de vacunas Sputnik V.
Se señala que Porras ha sido acusada de permitir que los fiscales manipulen y «manoseen» votos ciudadanos, lo que pone en duda la legitimidad de las elecciones generales. Esta acción se toma en medio de crecientes tensiones entre el Gobierno y la fiscalía en torno a temas de corrupción y rendición de cuentas.