2024-01-03
Nuevo Mundo – 96.1
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió a la Corte Constitucional un cuestionario conformado por 11 preguntas para que el tribunal las avale o no, de cara a la consulta popular que prometió para sus primeros 100 días de Gobierno.Los cuestionamientos abarcan diversos temas, entre los que resaltan el interés del mandatario por endurecer las políticas migratorias, de manera que favorezcan la expulsión ´exprés´ de extranjeros, así como la ampliación de las facultades de las Fuerzas Armadas para afrontar la grave crisis de seguridad que afronta el país suramericano.Las preguntas fueron remitidas al máximo tribunal el martes pasado, por lo que la Corte tendrá 20 días para emitir un pronunciamiento, refieren medios locales. Una vez que se avale el contenido de la consulta, se prevé que el mandatario haga un pronunciamiento en cadena nacional.Las prioridades de NoboaNoboa, un acaudalado empresario que asumió su cargo en diciembre pasado, ya adelantó el mes pasado que posiblemente efectúe una consulta popular en marzo de este año.De esta forma se suma a una práctica implementada por varios de sus predecesores, puesto que desde el retorno de la democracia en 1979, al menos siete mandatarios han convocado consultas populares. En ese listado están León Febres Cordero, Fabián Alarcón, Alfredo Palacio, Sixto Durán Ballén, Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso.En el plan de gobierno que presentó al inscribir su candidatura presidencial, Noboa ya había adelantado su interés de consultar a la población en temas de «seguridad, institucionalidad, terrorismo, económico y salud».Por ese motivo, no sorprende el contenido de las preguntas, ya que no solo plantean la ampliación de las facultades a las Fuerzas Armadas para el combate del crimen organizado, sino que también propone que estas se unan a las labores de control de armas y municiones «en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social».En esa misma línea, Noboa pone sobre la mesa más beneficios a los miembros de la fuerza pública, al plantear la posibilidad de que «no sean privados de su libertad» o se beneficien del arresto domiciliario, en caso de ser procesados penalmente por sus actos, lo que implicaría una reforma al Código Orgánico Integral Penal.El entramado de preguntas también vislumbra el endurecimiento de penas para delitos como terrorismo, narcotráfico, homicidio, sicariato, secuestro y minería ilegal, así como la eliminación de cualquier beneficio procesal para los privados de libertad declarados culpables de esos mismos crímenes.Entre otros asuntos, el mandatario conservador propone que las armas y municiones incautadas al crimen organizado puedan ser usadas por la fuerza pública, al tiempo que prevé tipificar como delito la tenencia o el porte de armas que son de uso exclusivo de la Policía o las FFAA.Las preguntas también contemplan la evaluación a los servidores públicos y la auditoría a sus declaraciones patrimoniales, una medida que parece apuntar a la política de Noboa de achicar el tamaño del Estado. De hecho, el martes, su viceministro de Gobierno, Esteban Torres, adelantó que este año se realizarán recortes de personal en el Ejecutivo para «ajustarse el cinturón» en el sector público.»El Gobierno tiene previsto también reducir su nómina para ajustarse el cinturón, así como lo están haciendo los ecuatorianos», dijo Torres, tras aseverar que el Ejecutivo ya hace una evaluación «sector por sector» para determinar dónde se realizarán los mayores recortes.Las facilidades de extinción de dominio para que el Estado sea el propietario de bienes ilícitos incautados, también forma parte de las propuestas del Gobierno ecuatoriano.A esto se le suma una interrogante sobre el tema migratorio. En ese sentido, se busca consultar a los ecuatorianos si están de acuerdo con que se reformen los procedimientos de «inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros»; esto, según dice la interrogante, «para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado».Negocios de juegos de azarPor último, la pregunta más sorpresiva porque no se ajusta a las prioridades que había planteado Noboa en su plan de Gobierno, es la tocante a la posibilidad de volver a permitir el funcionamiento de «casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar».En el país suramericano están prohibidos este tipo de negocios desde hace más de una década, luego que así lo decidiera la ciudadanía, también mediante una consulta popular, que se realizó durante la administración de Correa.En ese plebiscito, llevado a cabo el 7 de mayo de 2011, 52 % de los votantes optaron por el «sí» en la pregunta para que en el país se prohibieran los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego.Temas por fueraRespecto a estas preguntas, el sociólogo Fernando Carrión, en entrevista con Radio Pichincha, cuestionó que 10 sean sobre seguridad y una más sobre juegos de azar, pero se dejan de lado otros temas prioritarios para el país.»La economía no existe, el trabajo no existe» en la consulta, manifestó. Asimismo, destacó que no se incluye nada sobre el tema judicial, especialmente cuando en Ecuador ha estallado el denominado caso ´Metástasis´, considerado por la Fiscalía como el operativo «más grande en la historia» del país que se ha realizado contra las redes de corrupción y narcotráfico, que han permeado las instituciones del Estado.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió a la Corte Constitucional un cuestionario conformado por 11 preguntas para que el tribunal las avale o no, de cara a la consulta popular que prometió para sus primeros 100 días de Gobierno.
Los cuestionamientos abarcan diversos temas, entre los que resaltan el interés del mandatario por endurecer las políticas migratorias, de manera que favorezcan la expulsión ´exprés´ de extranjeros, así como la ampliación de las facultades de las Fuerzas Armadas para afrontar la grave crisis de seguridad que afronta el país suramericano.
Las preguntas fueron remitidas al máximo tribunal el martes pasado, por lo que la Corte tendrá 20 días para emitir un pronunciamiento, refieren medios locales. Una vez que se avale el contenido de la consulta, se prevé que el mandatario haga un pronunciamiento en cadena nacional.
Noboa, un acaudalado empresario que asumió su cargo en diciembre pasado, ya adelantó el mes pasado que posiblemente efectúe una consulta popular en marzo de este año.
De esta forma se suma a una práctica implementada por varios de sus predecesores, puesto que desde el retorno de la democracia en 1979, al menos siete mandatarios han convocado consultas populares. En ese listado están León Febres Cordero, Fabián Alarcón, Alfredo Palacio, Sixto Durán Ballén, Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
En el plan de gobierno que presentó al inscribir su candidatura presidencial, Noboa ya había adelantado su interés de consultar a la población en temas de «seguridad, institucionalidad, terrorismo, económico y salud».
Por ese motivo, no sorprende el contenido de las preguntas, ya que no solo plantean la ampliación de las facultades a las Fuerzas Armadas para el combate del crimen organizado, sino que también propone que estas se unan a las labores de control de armas y municiones «en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social».
En esa misma línea, Noboa pone sobre la mesa más beneficios a los miembros de la fuerza pública, al plantear la posibilidad de que «no sean privados de su libertad» o se beneficien del arresto domiciliario, en caso de ser procesados penalmente por sus actos, lo que implicaría una reforma al Código Orgánico Integral Penal.
El entramado de preguntas también vislumbra el endurecimiento de penas para delitos como terrorismo, narcotráfico, homicidio, sicariato, secuestro y minería ilegal, así como la eliminación de cualquier beneficio procesal para los privados de libertad declarados culpables de esos mismos crímenes.
Entre otros asuntos, el mandatario conservador propone que las armas y municiones incautadas al crimen organizado puedan ser usadas por la fuerza pública, al tiempo que prevé tipificar como delito la tenencia o el porte de armas que son de uso exclusivo de la Policía o las FFAA.
Las preguntas también contemplan la evaluación a los servidores públicos y la auditoría a sus declaraciones patrimoniales, una medida que parece apuntar a la política de Noboa de achicar el tamaño del Estado. De hecho, el martes, su viceministro de Gobierno, Esteban Torres, adelantó que este año se realizarán recortes de personal en el Ejecutivo para «ajustarse el cinturón» en el sector público.
«El Gobierno tiene previsto también reducir su nómina para ajustarse el cinturón, así como lo están haciendo los ecuatorianos», dijo Torres, tras aseverar que el Ejecutivo ya hace una evaluación «sector por sector» para determinar dónde se realizarán los mayores recortes.
Las facilidades de extinción de dominio para que el Estado sea el propietario de bienes ilícitos incautados, también forma parte de las propuestas del Gobierno ecuatoriano.
A esto se le suma una interrogante sobre el tema migratorio. En ese sentido, se busca consultar a los ecuatorianos si están de acuerdo con que se reformen los procedimientos de «inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros»; esto, según dice la interrogante, «para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado».
Por último, la pregunta más sorpresiva porque no se ajusta a las prioridades que había planteado Noboa en su plan de Gobierno, es la tocante a la posibilidad de volver a permitir el funcionamiento de «casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar».
En el país suramericano están prohibidos este tipo de negocios desde hace más de una década, luego que así lo decidiera la ciudadanía, también mediante una consulta popular, que se realizó durante la administración de Correa.
En ese plebiscito, llevado a cabo el 7 de mayo de 2011, 52 % de los votantes optaron por el «sí» en la pregunta para que en el país se prohibieran los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego.
Respecto a estas preguntas, el sociólogo Fernando Carrión, en entrevista con Radio Pichincha, cuestionó que 10 sean sobre seguridad y una más sobre juegos de azar, pero se dejan de lado otros temas prioritarios para el país.
«La economía no existe, el trabajo no existe» en la consulta, manifestó. Asimismo, destacó que no se incluye nada sobre el tema judicial, especialmente cuando en Ecuador ha estallado el denominado caso ´Metástasis´, considerado por la Fiscalía como el operativo «más grande en la historia» del país que se ha realizado contra las redes de corrupción y narcotráfico, que han permeado las instituciones del Estado.
