2023-11-29
Nuevo Mundo – 96.1
En el imaginario latinoamericano, Panamá se perfila como una nación próspera, sin problemas económicos a gran escala, con instituciones eficientes y políticamente estable, características que la hacen ideal para los inversionistas extranjeros.El modelo económico panameño se cimienta en tres pilares: las actividades financieras, los ingresos por cuenta del Canal transoceánico y la explotación minera, en un contexto de regulaciones laxas para las empresas, bajas tasas impositivas y fuerte competitividad, aunque el Estado se reserva para sí algunos sectores clave como salud y educación.Sin embargo, un examen no demasiado minucioso de esa realidad, deja en evidencia que el innegable crecimiento económico que exhibe el país, se ha conseguido a condición de haber dejado por fuera a segmentos importantes de su población.El país centroamericano acaparó titulares durante semanas por las masivas manifestaciones antiminería en las que se demandaba la anulación de la Ley 460, legislación promovida por el Ejecutivo que extendía por 20 años las operaciones de Minera Panamá, una filial de la canadiense First Quantum Minerals.La balanza acabó por inclinarse en favor de la población pañameña. Este 28 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del instrumento jurídico.Empero, si bien las protestas han sido calificadas como las más importantes y concurridas de los últimos años, los reclamos ciudadanos no empezaron el pasado octubre, cuando el Congreso aprobó de forma exprés el polémico contrato, sino que se han venido sucediendo en el último lustro a partir de motivos contingentes.El otro lado de la riquezaCon cerca de 4,4 millones de habitantes, Panamá se define como un país de desarrollo humano muy alto –es decir, con altos estándares de vida–, cuya economía es comparable en tamaño a la de naciones como Azerbaiyán o Tanzania.Cifras de Statista correspondientes a 2022 indican que el Producto Interno Bruto (PIB) se distribuye en tres fuentes principales: servicios (68,15 %), Industria (26,17 %) y Agricultura (2,62 %).En la última década, la inflación apenas acumuló 6 %, valor relativamente bajo en el contexto latinoamericano, si bien desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos aclaran que los seguimientos de precios se hacen solo en entornos urbanos.Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) refiere que al cierre de 2022, la economía creció 6 % y la inflación puntuó 1,5 %.Pero esa riqueza no alcanza para todos. En 2019, antes de que apareciera en escena el coronavirus, uno de cada cuatro panameños vivía en situación de pobreza, estimada a partir del ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas.A este respecto, una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fechada en 2019, refiere que «Panamá es uno de los países más desiguales de la región» y destaca que esa desigualdad tiene un fuerte componente territorial, que no ha hecho más que acrecentarse en las últimas décadas.De este modo, aunque en territorios indígenas la pobreza puede alcanzar al 80 % de sus habitantes, el organismo insiste en que el problema real reside en la acumulación desigual entre las provincias de Panamá y Colón, y el resto del territorioComo causas de la brecha, el estudio apunta a «la instauración del Centro Bancario Internacional, la devolución del Canal por parte de EE.UU. el 31 de diciembre de 1999 y su posterior ampliación en 2016, el notable impulso del sector logístico y el fuerte crecimiento de la construcción en los últimos años, que ha más que duplicado su peso en el PIB», lo que explica por qué la riqueza se ha concentrado en dos sitios.Ciudad de Panamá se erigió como centro de acopio de capitales internacionales, como demuestran las filtraciones ´Panama Papers´ y ´Pandora Papers´; mientras que en Colón, la Zona de Libre Comercio y el puerto internacional son herencia directa del enclave colonial que mantuvo EE.UU. por casi un siglo.Pero en tiempos recientes, la provincia de Colón ha alternado su tradicional rol de paso obligado de mercancías con el papel de destino apetecible para el turismo, una diversificación que se explica principalmente a partir de las condiciones ventajosas de infraestructura preexistentes.En cualquier caso, el ya mencionado informe del BID indica que «a partir de 2019, esta distribución regional de la producción podría cambiar en la medida en que la exportación de cobre alcance los 1.000 millones de dólares anuales y se proyecta el doble de este valor a partir del 2020», gracias a que la única mina del país se encuentra fuera de la provincia capitalina.Dicho de otro modo: el Gobierno asumió la explotación del cobre como la única salida para reducir la desigualdad económica estructural que aqueja al país y de allí su insistencia en mantenerla, aun por tiempo limitado.Tras el fallo de la CSJ, no está claro en qué momento dejarán de operar las compañías mineras ni cuán profundo será el impacto de la decisión sobre los ingresos del país.
En el imaginario latinoamericano, Panamá se perfila como una nación próspera, sin problemas económicos a gran escala, con instituciones eficientes y políticamente estable, características que la hacen ideal para los inversionistas extranjeros.
El modelo económico panameño se cimienta en tres pilares: las actividades financieras, los ingresos por cuenta del Canal transoceánico y la explotación minera, en un contexto de regulaciones laxas para las empresas, bajas tasas impositivas y fuerte competitividad, aunque el Estado se reserva para sí algunos sectores clave como salud y educación.
Sin embargo, un examen no demasiado minucioso de esa realidad, deja en evidencia que el innegable crecimiento económico que exhibe el país, se ha conseguido a condición de haber dejado por fuera a segmentos importantes de su población.
El país centroamericano acaparó titulares durante semanas por las masivas manifestaciones antiminería en las que se demandaba la anulación de la Ley 460, legislación promovida por el Ejecutivo que extendía por 20 años las operaciones de Minera Panamá, una filial de la canadiense First Quantum Minerals.
La balanza acabó por inclinarse en favor de la población pañameña. Este 28 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del instrumento jurídico.
Empero, si bien las protestas han sido calificadas como las más importantes y concurridas de los últimos años, los reclamos ciudadanos no empezaron el pasado octubre, cuando el Congreso aprobó de forma exprés el polémico contrato, sino que se han venido sucediendo en el último lustro a partir de motivos contingentes.
Con cerca de 4,4 millones de habitantes, Panamá se define como un país de desarrollo humano muy alto –es decir, con altos estándares de vida–, cuya economía es comparable en tamaño a la de naciones como Azerbaiyán o Tanzania.
Cifras de Statista correspondientes a 2022 indican que el Producto Interno Bruto (PIB) se distribuye en tres fuentes principales: servicios (68,15 %), Industria (26,17 %) y Agricultura (2,62 %).
En la última década, la inflación apenas acumuló 6 %, valor relativamente bajo en el contexto latinoamericano, si bien desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos aclaran que los seguimientos de precios se hacen solo en entornos urbanos.
Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) refiere que al cierre de 2022, la economía creció 6 % y la inflación puntuó 1,5 %.
Pero esa riqueza no alcanza para todos. En 2019, antes de que apareciera en escena el coronavirus, uno de cada cuatro panameños vivía en situación de pobreza, estimada a partir del ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas.
A este respecto, una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fechada en 2019, refiere que «Panamá es uno de los países más desiguales de la región» y destaca que esa desigualdad tiene un fuerte componente territorial, que no ha hecho más que acrecentarse en las últimas décadas.
De este modo, aunque en territorios indígenas la pobreza puede alcanzar al 80 % de sus habitantes, el organismo insiste en que el problema real reside en la acumulación desigual entre las provincias de Panamá y Colón, y el resto del territorio
Como causas de la brecha, el estudio apunta a «la instauración del Centro Bancario Internacional, la devolución del Canal por parte de EE.UU. el 31 de diciembre de 1999 y su posterior ampliación en 2016, el notable impulso del sector logístico y el fuerte crecimiento de la construcción en los últimos años, que ha más que duplicado su peso en el PIB», lo que explica por qué la riqueza se ha concentrado en dos sitios.
Ciudad de Panamá se erigió como centro de acopio de capitales internacionales, como demuestran las filtraciones ´Panama Papers´ y ´Pandora Papers´; mientras que en Colón, la Zona de Libre Comercio y el puerto internacional son herencia directa del enclave colonial que mantuvo EE.UU. por casi un siglo.
Pero en tiempos recientes, la provincia de Colón ha alternado su tradicional rol de paso obligado de mercancías con el papel de destino apetecible para el turismo, una diversificación que se explica principalmente a partir de las condiciones ventajosas de infraestructura preexistentes.
En cualquier caso, el ya mencionado informe del BID indica que «a partir de 2019, esta distribución regional de la producción podría cambiar en la medida en que la exportación de cobre alcance los 1.000 millones de dólares anuales y se proyecta el doble de este valor a partir del 2020», gracias a que la única mina del país se encuentra fuera de la provincia capitalina.
Dicho de otro modo: el Gobierno asumió la explotación del cobre como la única salida para reducir la desigualdad económica estructural que aqueja al país y de allí su insistencia en mantenerla, aun por tiempo limitado.
Tras el fallo de la CSJ, no está claro en qué momento dejarán de operar las compañías mineras ni cuán profundo será el impacto de la decisión sobre los ingresos del país.
