2023-01-16
Nuevo Mundo – 96.1
Guatemala ya detuvo a 89 pandilleros procedentes de El Salvador en distintas fechas de 2022; 45 eran del Barrio 18 y 34 de la Mara Salvatrucha. En el resto no fue posible determinar la pandilla.“Se prevén movimientos irregulares por parte de pandilleros de El Salvador y Honduras, por lo que se reforzarán las fronteras de Guatemala”, advirtió en un comunicado el gobierno de Alejandro Giammattei a finales de 2022, cuando El Salvador llevaba nueve meses bajo régimen de excepción y Honduras anunciaba un régimen de excepción parcial. Los cambios comienzan a verse.Al cruzar la frontera de Anguiatú, entre El Salvador y Guatemala, bastan 48 kilómetros para hallar el primero de los retenes de seguridad.Guatemala ha dispuesto dos divisiones de la Policía para instalar vigilancia alrededor de sus fronteras: la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) y la Subdirección General de Análisis de información antinarcótica (Sgaia). El trabajo también es apoyado por el Ejército Nacional.“Buscamos proteger a los ciudadanos que viven en áreas fronterizas y evitar que presuntos pandilleros ingresen al país, por ello fueron desplegados más de 1.000 efectivos para reforzar el límite territorial, dijo el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, cuando Guatemala presentó su plan denominado Seguridad Interinstitucional en Fronteras del Triángulo Norte a finales del 2022.Pero no solo hay un retén instalado. Otros 48 kilómetros más adelante, cerca del departamento de Chiquimula, donde converge la frontera con Honduras, hay otros controles.Las autoridades guatemaltecas buscan que las entradas al país sean legales. Si el vehículo tiene placas hondureñas o salvadoreñas son prioridad en los puestos de control.Aunque los funcionarios dijeron no estar autorizados a dar declaraciones a los medios de comunicación, sí aclararon que si una persona entra a Guatemala sin haberse registrado en la frontera, y además pertenece a pandillas, es trasladado al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) para ser expulsado del país y posteriormente entregado a las fuerzas de seguridad de la nación a la que pertenece.Para Guatemala ya se volvió un problema el éxodo de pandillas centroamericanas: el gobierno asegura investigar el asentamiento de pandilleros en uno de los departamentos fronterizos con El Salvador, Jutiapa.Los regímenes de El Salvador y HondurasLos gobiernos de El Salvador y Honduras están convencidos de que la clave para acabar con las pandillas son los regímenes de excepción.El Salvador lleva 10 meses bajo un régimen de excepción en el que ha capturado a más de 61.300 personas señaladas de pertenecer a pandillas. Y el resultado de esa «extracción», según el gobierno, ha sido la baja en los homicidios cuya tasa pasó de 18,1 por cada 100.000 habitantes en 2021 a 7,8 en 2022, según el Ministerio de Seguridad.Honduras terminó 2022 con 35,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales.Es la tasa de homicidios más baja que ha tenido el país centroamericano en los últimos 16 años, y aunque sólo hace un mes que se aprobó un régimen de excepción en algunos barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, el gobierno atribuye la disminución de homicidios a la medida de excepción.
Guatemala ya detuvo a 89 pandilleros procedentes de El Salvador en distintas fechas de 2022; 45 eran del Barrio 18 y 34 de la Mara Salvatrucha. En el resto no fue posible determinar la pandilla.
“Se prevén movimientos irregulares por parte de pandilleros de El Salvador y Honduras, por lo que se reforzarán las fronteras de Guatemala”, advirtió en un comunicado el gobierno de Alejandro Giammattei a finales de 2022, cuando El Salvador llevaba nueve meses bajo régimen de excepción y Honduras anunciaba un régimen de excepción parcial. Los cambios comienzan a verse.
Al cruzar la frontera de Anguiatú, entre El Salvador y Guatemala, bastan 48 kilómetros para hallar el primero de los retenes de seguridad.
Guatemala ha dispuesto dos divisiones de la Policía para instalar vigilancia alrededor de sus fronteras: la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) y la Subdirección General de Análisis de información antinarcótica (Sgaia). El trabajo también es apoyado por el Ejército Nacional.
“Buscamos proteger a los ciudadanos que viven en áreas fronterizas y evitar que presuntos pandilleros ingresen al país, por ello fueron desplegados más de 1.000 efectivos para reforzar el límite territorial, dijo el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, cuando Guatemala presentó su plan denominado Seguridad Interinstitucional en Fronteras del Triángulo Norte a finales del 2022.
Pero no solo hay un retén instalado. Otros 48 kilómetros más adelante, cerca del departamento de Chiquimula, donde converge la frontera con Honduras, hay otros controles.
Las autoridades guatemaltecas buscan que las entradas al país sean legales. Si el vehículo tiene placas hondureñas o salvadoreñas son prioridad en los puestos de control.
Aunque los funcionarios dijeron no estar autorizados a dar declaraciones a los medios de comunicación, sí aclararon que si una persona entra a Guatemala sin haberse registrado en la frontera, y además pertenece a pandillas, es trasladado al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) para ser expulsado del país y posteriormente entregado a las fuerzas de seguridad de la nación a la que pertenece.
Para Guatemala ya se volvió un problema el éxodo de pandillas centroamericanas: el gobierno asegura investigar el asentamiento de pandilleros en uno de los departamentos fronterizos con El Salvador, Jutiapa.
Los gobiernos de El Salvador y Honduras están convencidos de que la clave para acabar con las pandillas son los regímenes de excepción.
El Salvador lleva 10 meses bajo un régimen de excepción en el que ha capturado a más de 61.300 personas señaladas de pertenecer a pandillas. Y el resultado de esa «extracción», según el gobierno, ha sido la baja en los homicidios cuya tasa pasó de 18,1 por cada 100.000 habitantes en 2021 a 7,8 en 2022, según el Ministerio de Seguridad.
Honduras terminó 2022 con 35,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales.
Es la tasa de homicidios más baja que ha tenido el país centroamericano en los últimos 16 años, y aunque sólo hace un mes que se aprobó un régimen de excepción en algunos barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, el gobierno atribuye la disminución de homicidios a la medida de excepción.
