2022-09-12
Nuevo Mundo – 96.1
La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos celebró el lunes una audiencia especial con el propósito de evaluar el régimen de excepción en El Salvador a cinco meses de su entrada en vigencia.En marzo pasado, la Asamblea de El Salvador aprobó una medida que suspendió varios derechos constitucionales, como la libertad de expresión, la libertad de asociación y el debido proceso. Esto con el propósito de parar una ola de violencia que culminó con 87 asesinatos en un fin de semana.Desde entonces, el régimen de excepción en El Salvador se ha prorrogado cinco veces y a su paso ha dejado más de 52.000 personas detenidas en cárceles superpobladas. Según la organización de derechos humanos Cristosal, al menos 73 detenidos han muerto bajo custodia del Estado salvadoreño.También, nueve periodistas han huido del país centroamericano después de que la misma Asamblea hizo efectiva una ley que amenaza con cárcel a los medios y periodistas que reproduzcan mensajes alusivos a las pandillas en sus reportajes.En el primer bloque de la audiencia del Congreso comparecieron dos miembros del Departamento de Estado de Estados Unidos: Emily Mendrala, subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, y Scott Busby, subsecretario de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo.Mendrala aseguró que el Departamento de Estado está preocupado porque el régimen de excepción «redujo drásticamente la protección de los derechos civiles bajo las leyes de El Salvador».»El Departamento de Estado sigue firmemente comprometido en la lucha contra el crimen organizado transnacional; sin embargo, algunas de las medidas tomadas durante el régimen de excepción van en contra del establecimiento de estándares de derechos humanos y son insostenibles», declaró.Por su parte, Busby dijo tener claro que si bien la violencia generada las pandillas amenaza la seguridad nacional y la prosperidad de El Salvador, también se debe tomar en cuenta que es un «problema que debe abordarse de manera urgente e integral».»La contracción del espacio cívico en Centroamérica también amenaza a la estabilidad regional, la prosperidad y la seguridad. (…) Las organizaciones de la sociedad civil han subrayado la importancia de las declaraciones públicas y privadas de la comunidad internacional», agregó.El congresista James McGovern, quien presidió la audiencia, señaló a quienes minimizan las críticas al gobierno de El Salvador aduciendo que las acciones del presidente Nayib Bukele son populares y que sus índices de aprobación son altos «que popular no es igual a correcto».La paradoja que enfrenta actualmente el mandatario salvadoreño es que en su país recibe apoyo mayoritario, mientras que la comunidad internacional ve con cautela varias de sus decisiones a las que tildan de «autoritarias».Testigos desde El SalvadorEn el segundo bloque de la audiencia participaron Tamara Broner, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch; Leonor Arteaga, directora de programas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Noah Bullock, director de la organización Cristosal, y Héctor Silva, periodista salvadoreño.»Según nuestras entrevistas con familiares de detenidos y testigos, muchos arrestos parecen estar basados en la apariencia física de las personas y en el hecho de que viven en vecindarios de bajos ingresos. Documentamos unos siete casos de personas con problemas de salud mental que fueron arrestadas», dijo Broner en la audiencia.Arteaga añadió que la experiencia latinoamericana «ha demostrado que estos regímenes pueden convertirse fácilmente en herramientas para el abuso de poder en lugar de empujarlo a controlar una situación crítica».Bullock, de Cristosal, destacó numerosas denuncias que organizaciones de derechos humanos han recibido sobre detenciones arbitrarias y casos de tortura al interior de las cárceles salvadoreñas.Silva Ávalos, periodista salvadoreño, concluyó que el régimen de excepción ha terminado de consolidar el poder que el Ejecutivo de Bukele ya ejercía junto a la policía y ejército salvadoreño.Silencio oficialTras cinco de audiencia, el gobierno salvadoreño no emitió declaraciones acerca de la misma.La Voz de América consultó al área de prensa oficial sobre el tema, pero tampoco hubo respuesta.En otras ocasiones, el gobierno de El Salvador ha dicho que el régimen de excepción golpea cada vez más fuerte a las estructuras de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, además de lograr la reducción en delitos como homicidio agravado.El gobierno salvadoreño busca construir la cárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo, donde pretende recluir a más personas acusadas de agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados con las pandillas.
La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos celebró el lunes una audiencia especial con el propósito de evaluar el régimen de excepción en El Salvador a cinco meses de su entrada en vigencia.
En marzo pasado, la Asamblea de El Salvador aprobó una medida que suspendió varios derechos constitucionales, como la libertad de expresión, la libertad de asociación y el debido proceso. Esto con el propósito de parar una ola de violencia que culminó con 87 asesinatos en un fin de semana.
Desde entonces, el régimen de excepción en El Salvador se ha prorrogado cinco veces y a su paso ha dejado más de 52.000 personas detenidas en cárceles superpobladas. Según la organización de derechos humanos Cristosal, al menos 73 detenidos han muerto bajo custodia del Estado salvadoreño.
También, nueve periodistas han huido del país centroamericano después de que la misma Asamblea hizo efectiva una ley que amenaza con cárcel a los medios y periodistas que reproduzcan mensajes alusivos a las pandillas en sus reportajes.
En el primer bloque de la audiencia del Congreso comparecieron dos miembros del Departamento de Estado de Estados Unidos: Emily Mendrala, subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, y Scott Busby, subsecretario de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo.
Mendrala aseguró que el Departamento de Estado está preocupado porque el régimen de excepción «redujo drásticamente la protección de los derechos civiles bajo las leyes de El Salvador».
«El Departamento de Estado sigue firmemente comprometido en la lucha contra el crimen organizado transnacional; sin embargo, algunas de las medidas tomadas durante el régimen de excepción van en contra del establecimiento de estándares de derechos humanos y son insostenibles», declaró.
Por su parte, Busby dijo tener claro que si bien la violencia generada las pandillas amenaza la seguridad nacional y la prosperidad de El Salvador, también se debe tomar en cuenta que es un «problema que debe abordarse de manera urgente e integral».
«La contracción del espacio cívico en Centroamérica también amenaza a la estabilidad regional, la prosperidad y la seguridad. (…) Las organizaciones de la sociedad civil han subrayado la importancia de las declaraciones públicas y privadas de la comunidad internacional», agregó.
El congresista James McGovern, quien presidió la audiencia, señaló a quienes minimizan las críticas al gobierno de El Salvador aduciendo que las acciones del presidente Nayib Bukele son populares y que sus índices de aprobación son altos «que popular no es igual a correcto».
La paradoja que enfrenta actualmente el mandatario salvadoreño es que en su país recibe apoyo mayoritario, mientras que la comunidad internacional ve con cautela varias de sus decisiones a las que tildan de «autoritarias».
En el segundo bloque de la audiencia participaron Tamara Broner, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch; Leonor Arteaga, directora de programas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Noah Bullock, director de la organización Cristosal, y Héctor Silva, periodista salvadoreño.
«Según nuestras entrevistas con familiares de detenidos y testigos, muchos arrestos parecen estar basados en la apariencia física de las personas y en el hecho de que viven en vecindarios de bajos ingresos. Documentamos unos siete casos de personas con problemas de salud mental que fueron arrestadas», dijo Broner en la audiencia.
Arteaga añadió que la experiencia latinoamericana «ha demostrado que estos regímenes pueden convertirse fácilmente en herramientas para el abuso de poder en lugar de empujarlo a controlar una situación crítica».
Bullock, de Cristosal, destacó numerosas denuncias que organizaciones de derechos humanos han recibido sobre detenciones arbitrarias y casos de tortura al interior de las cárceles salvadoreñas.
Silva Ávalos, periodista salvadoreño, concluyó que el régimen de excepción ha terminado de consolidar el poder que el Ejecutivo de Bukele ya ejercía junto a la policía y ejército salvadoreño.
Tras cinco de audiencia, el gobierno salvadoreño no emitió declaraciones acerca de la misma.
La Voz de América consultó al área de prensa oficial sobre el tema, pero tampoco hubo respuesta.
En otras ocasiones, el gobierno de El Salvador ha dicho que el régimen de excepción golpea cada vez más fuerte a las estructuras de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, además de lograr la reducción en delitos como homicidio agravado.
El gobierno salvadoreño busca construir la cárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo, donde pretende recluir a más personas acusadas de agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados con las pandillas.
