2021-06-24
Nuevo Mundo – 96.1
Cuatro jueces de casos de alto riesgo en Guatemala denunciaron este lunes (21.06.2021) ser víctimas de hostigamiento por denuncias ilegítimas que permanecen vigentes y por seguimientos y persecuciones fuera y dentro de instituciones estatales.Los jueces que denunciaron los hostigamientos son Yassmin Barrios, Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul, quienes se presentaron en la sede central del Ministerio Público (MP, Fiscalía) para entregar una petición a la fiscal general, Consuelo Porras, para que revise las denuncias espurias y las desestime.La jueza Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, de fase intermedia, aseguró que los cientos de denuncias que existen en contra de los cuatro juristas datan «de hace muchos años», incluso de 2012, y que persisten en el archivo de la Fiscalía «cuando la ley establece un plazo de 20 días para que el MP pudiera iniciar acciones en nuestra contra (…) sin embargo vemos que ha transcurrido en demasía ese plazo». Galardonada en marzo con el premio internacional Mujer de Coraje, otorgado por el Departamento de Estado de EE.UU., Aifán enfatizó que ella ha acumulado más de 70 denuncias en su contra, algunas de las cuales ya han sido rechazadas y otras alcanzaron a llegar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero tampoco tuvieron éxito.Aifán dijo a medios de comunicación en la sede del MP que también los jueces han denunciado «seguimientos de vehículos sin placas», pero que «han sido desestimados bajo el argumento de no poder identificarlos (a dichos automóviles)». Además, la jueza precisó que «los fiscales (del caso) aseguraron que no colaboré con el proceso porque me buscaron en tiempo en que yo estaba en audiencia y ni siquiera fui notificada». Es por ello que «pedimos a la fiscal general que las desestime (las denuncias espurias) porque ha dicho que es una persona que va a cumplir la ley. Queremos que lo revise (el documento) personalmente y proceda a desestimarlas».Los jueces subrayaron que cuentan con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), las cuales «deben de cumplirse» y lamentaron que haya «un montón de denuncias que se encuentran sin ningún trámite en el MP, situación que se constituye en una forma de hostigamiento y es precisamente lo que la CorteIDH ha señalado», argumentó Aifán.El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, explicó que estos seguimientos ilegales y las denuncias espurias vigentes «atentan también en contra de la independencia del Organismo Judicial». El funcionario agregó que, en ocasiones, «el hostigamiento se está dando a nivel de las mismas instituciones y también con personas armadas. Me han dado seguimiento algunas personas y eso desde mi punto de vista es atentar en contra de la independencia del Organismo Judicial».El juez presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, de sentencia penal, Pablo Xitumul, indicó que el hostigamiento «pone en zozobra a los jueces encargados de administrar justicia y también a la población» y añadió que el hostigamiento «afecta bastante porque uno está al tanto de las denuncias que se han presentado en nuestra contra, pese a que contamos con medidas cautelares. El sistema interamericano lo que hace es precisamente proteger esa independencia judicial y sin ello la población estará desamparada».Por su parte, la jueza Yassmin Barrios, que preside el Tribunal de Mayor Riesgo A, insistió que «los recursos humanos y materiales del MP deben enderezarse» y no utilizarse para «perseguir a jueces y fiscales honrados. Considero que básicamente esos recursos deben dirigirse para atacar a las personas que delinquen y no a la independencia judicial», y concluyó que, a lo largo de los años, dentro del sistema de justicia «hemos tenido diferentes ataques, pero ahora vemos con mucha pena y tristeza que lamentablemente se está atacando al sistema de Justicia y principalmente a aquellos jueces que hemos sido probos».Los cuatro jueces han llevado casos de alto perfil, entre las que destacan el genocidio ixil contra el exdictador militar Efraín Ríos Montt, procesos por corrupción del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), de justicia de transición y de crimen organizado.
Cuatro jueces de casos de alto riesgo en Guatemala denunciaron este lunes (21.06.2021) ser víctimas de hostigamiento por denuncias ilegítimas que permanecen vigentes y por seguimientos y persecuciones fuera y dentro de instituciones estatales.
Los jueces que denunciaron los hostigamientos son Yassmin Barrios, Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul, quienes se presentaron en la sede central del Ministerio Público (MP, Fiscalía) para entregar una petición a la fiscal general, Consuelo Porras, para que revise las denuncias espurias y las desestime.
La jueza Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, de fase intermedia, aseguró que los cientos de denuncias que existen en contra de los cuatro juristas datan «de hace muchos años», incluso de 2012, y que persisten en el archivo de la Fiscalía «cuando la ley establece un plazo de 20 días para que el MP pudiera iniciar acciones en nuestra contra (…) sin embargo vemos que ha transcurrido en demasía ese plazo». Galardonada en marzo con el premio internacional Mujer de Coraje, otorgado por el Departamento de Estado de EE.UU., Aifán enfatizó que ella ha acumulado más de 70 denuncias en su contra, algunas de las cuales ya han sido rechazadas y otras alcanzaron a llegar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero tampoco tuvieron éxito.
Aifán dijo a medios de comunicación en la sede del MP que también los jueces han denunciado «seguimientos de vehículos sin placas», pero que «han sido desestimados bajo el argumento de no poder identificarlos (a dichos automóviles)». Además, la jueza precisó que «los fiscales (del caso) aseguraron que no colaboré con el proceso porque me buscaron en tiempo en que yo estaba en audiencia y ni siquiera fui notificada». Es por ello que «pedimos a la fiscal general que las desestime (las denuncias espurias) porque ha dicho que es una persona que va a cumplir la ley. Queremos que lo revise (el documento) personalmente y proceda a desestimarlas».
Los jueces subrayaron que cuentan con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), las cuales «deben de cumplirse» y lamentaron que haya «un montón de denuncias que se encuentran sin ningún trámite en el MP, situación que se constituye en una forma de hostigamiento y es precisamente lo que la CorteIDH ha señalado», argumentó Aifán.
El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, explicó que estos seguimientos ilegales y las denuncias espurias vigentes «atentan también en contra de la independencia del Organismo Judicial». El funcionario agregó que, en ocasiones, «el hostigamiento se está dando a nivel de las mismas instituciones y también con personas armadas. Me han dado seguimiento algunas personas y eso desde mi punto de vista es atentar en contra de la independencia del Organismo Judicial».
El juez presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, de sentencia penal, Pablo Xitumul, indicó que el hostigamiento «pone en zozobra a los jueces encargados de administrar justicia y también a la población» y añadió que el hostigamiento «afecta bastante porque uno está al tanto de las denuncias que se han presentado en nuestra contra, pese a que contamos con medidas cautelares. El sistema interamericano lo que hace es precisamente proteger esa independencia judicial y sin ello la población estará desamparada».
Por su parte, la jueza Yassmin Barrios, que preside el Tribunal de Mayor Riesgo A, insistió que «los recursos humanos y materiales del MP deben enderezarse» y no utilizarse para «perseguir a jueces y fiscales honrados. Considero que básicamente esos recursos deben dirigirse para atacar a las personas que delinquen y no a la independencia judicial», y concluyó que, a lo largo de los años, dentro del sistema de justicia «hemos tenido diferentes ataques, pero ahora vemos con mucha pena y tristeza que lamentablemente se está atacando al sistema de Justicia y principalmente a aquellos jueces que hemos sido probos».
Los cuatro jueces han llevado casos de alto perfil, entre las que destacan el genocidio ixil contra el exdictador militar Efraín Ríos Montt, procesos por corrupción del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), de justicia de transición y de crimen organizado.
