El uso de minas antipersonales por parte de cárteles en México se ha incrementado, representando un nuevo desafío para el Estado y el Ejército. La violencia se concentra en zonas rurales de Tamaulipas, Jalisco y Michoacán, y su fabricación es artesanal, con la participación incluso de expertos extranjeros.
La violencia organizada en México ha adoptado un nuevo rostro con el incremento del uso de minas antipersonales por parte de cárteles de la droga. Estos artefactos explosivos, colocados en caminos rurales y zonas limítrofes, representan un grave desafío para el Estado mexicano, su Ejército y las comunidades locales.
Un problema creciente
Si bien las minas terrestres han sido un fenómeno conocido en países como Colombia durante décadas, en México su uso es relativamente reciente. Según expertos como Victoria Dittmar, investigadora del centro de análisis InSight Crime, desde 2022 se ha registrado un aumento significativo en la colocación de bombas caseras, explosivos atados a drones, artefactos detonados a distancia y minas antipersonales. Esto ha marcado un cambio en la estrategia de los cárteles, que buscan proteger territorios y enfrentar a rivales y fuerzas militares.
Zonas de conflicto
El uso de minas se concentra principalmente en Tamaulipas, donde dos facciones del Cártel del Golfo compiten por el control del norte del estado, y en la frontera entre Michoacán y Jalisco, donde se enfrentan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos. En estas regiones, los explosivos se colocan estratégicamente en caminos rurales para impedir incursiones de rivales o del Ejército mexicano, aunque también representan un riesgo mortal para civiles y trabajadores agrícolas.
Impacto humano
El impacto de las minas antipersonales es devastador. Según el Monitor de Minas Terrestres 2024, en 2023 casi 6.000 personas en el mundo resultaron heridas o perdieron la vida por estos artefactos, y en México se han registrado numerosos incidentes. La proliferación de estos explosivos ha generado un clima de miedo en comunidades rurales, afectando la movilidad, la economía y la vida cotidiana de los habitantes.
Fabricación artesanal y expertos extranjeros
La fabricación de estas minas es artesanal, lo que facilita su proliferación. Se utilizan tubos de PVC o metal rellenos con pólvora y fragmentos metálicos, como clavos, producidos en casas, bodegas o propiedades privadas cerca de zonas conflictivas como Apatzingán o Tepalcatepec. Además, algunos cárteles han contratado expertos colombianos entrenados en la fabricación de explosivos, e incluso se habrían obtenido materiales de manera ilegal desde Europa del Este, antiguos países soviéticos y África.
Respuesta del Estado mexicano
Para enfrentar este problema, en 2025 se creó una unidad especializada del Ejército mexicano para la detección y desactivación de minas en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco. Aunque esta unidad ha logrado desactivar varios artefactos, los cárteles continúan colocando minas en otras áreas, creando un constante juego del gato y el ratón. La investigadora Dittmar destaca que, pese a estos esfuerzos, el riesgo sigue siendo alto debido a la facilidad de fabricación de los explosivos y la movilidad de los grupos criminales.
Riesgo de expansión
Expertos como Víctor Sánchez Valdés, de la Universidad Autónoma de Coahuila, advierten que el uso de minas antipersonales podría expandirse a otros estados como Guerrero, Guanajuato y Sinaloa, donde la cercanía con las zonas afectadas y la presencia de cárteles aumentan la probabilidad de adopción de estas estrategias. La falta de acciones legislativas y operativas por parte del Gobierno mexicano ha sido señalada como un factor que podría facilitar la expansión de este fenómeno.
Un desafío estratégico
El uso de minas por los cárteles refleja un cambio en la estrategia de la violencia organizada, donde la prioridad es controlar territorios y proteger rutas de transporte, aunque a costa de la vida de civiles y trabajadores agrícolas. La colocación de estos artefactos se convierte en una herramienta de intimidación y control, generando zonas de exclusión y afectando la seguridad regional.
Colaboración internacional y lecciones de otros países
La experiencia de Colombia en el manejo de minas terrestres puede servir de referencia para México. En Colombia, la implementación de programas de desminado, educación sobre riesgos y cooperación internacional ha permitido reducir el número de víctimas. En México, la coordinación con organismos internacionales, el entrenamiento especializado de fuerzas militares y la educación comunitaria podrían ser pasos importantes para mitigar los riesgos de las minas antipersonales.
Conclusión
La proliferación de minas antipersonales en México representa un grave desafío para la seguridad y la estabilidad de las zonas rurales. La combinación de fabricación artesanal, expertos extranjeros y conflictos entre cárteles convierte a estas regiones en campos minados de riesgo constante. Aunque el Ejército mexicano ha respondido con unidades especializadas, la falta de acciones preventivas y legislativas limita la eficacia de estas medidas. El fenómeno requiere atención inmediata, cooperación interinstitucional y estrategias integrales para proteger a la población y desmantelar la amenaza de manera sostenible.
Cortesía de DW
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